Santamaría cree que esa iniciativa del Parlamento catalán tiene efectos jurídicos porque la soberanía "corresponde al pueblo español"
MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado este viernes que el Ejecutivo considera que la declaración soberanista aprobada el 23 de enero de 2013 por el Parlamento catalán sobre el llamado derecho a decidir del pueblo de Cataluña debe ser "anulada" y se ha mostrado convencida de que el Tribunal Constitucional cumplirá con su "deber", que es "resolver" con arreglo a lo que la Carta Magna "establece que es constitucional o no".
Así lo ha asegurado en una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros al ser preguntada si preocupa dentro del Gobierno el debate abierto en el seno del alto tribunal sobre la declaración soberanista, ya que la ponente de la resolución, Adela Asúa, vicepresidenta del TC, tendría ultimado un texto sobre el fallo que se inclinaría por rechazar el recurso del Ejecutivo.
Sáenz de Santamaría, que ha recordado que el recurso ya fue admitido a trámite, ha explicado que el Gobierno considera que esa declaración del Parlamento catalán tiene "efectos jurídicos" en aspectos como el relativo a los titulares de la soberanía, que, según ha recalcado, "corresponde al pueblo español". "Y entendemos que esa declaración debe ser anulada", ha enfatizado.
"EL GOBIERNO NO COLOCA EN NINGUNA DISYUNTUVA A NADIE"
Preguntada después si cree que, ante la división abierta en el TC, habría sido mejor no someter al alto tribunal a esta disyuntiva cuando no está muy claro si tiene efectos jurídicos esa declaración, la vicepresidenta ha afirmado rotunda que el Gobierno "no coloca en ninguna disyuntiva a nadie" sino que "cumple con la Constitución y las leyes".
"El presidente del Gobierno tiene el mandato constitucional de impugnar ante el Tribunal Constitucional aquellas normas o aquellas actuaciones que considere que no cumplen con lo que establece la Constitución", ha subrayado.
En este sentido, ha recalcado que una vez que el 23 de enero del 2013 el Parlamento catalán aprobó esa declaración, se pidió informe a los servicios jurídicos del Estado que sostuvieron que "era susceptible" de ser impugnada, de la misma manera que las comunidades autónomas impugnan leyes cuando consideran que no se amoldan a lo que establece la Carta Magna.
"Estamos cumpliendo con nuestra obligación y nuestro deber y el Tribunal Constitucional cumplirá con el suyo, que es es resolver con arreglo a un criterio: lo que la Constitución establece que es constitucional o no. Ésa es la tarea que tenemos cada uno encomendado", ha concluido la 'número dos' del Ejecutivo.
