MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, ha asegurado que unas 1.300 empresas han trasladado su sede social fuera de Cataluña en lo que va de año, que se suman a las 3.208 que se marcharon en 2017 a raíz del proceso soberanista, y ha destacado la "lealtad" con que a su juicio se están comportando las comunidades vecinas para "no pescar" en esta situación.
En su comparecencia en el Congreso para presentar los Presupuestos de su departamento para este año, Bermúdez de Castro ha abordado la situación en Cataluña con la aplicación del 155, de cuya gestión diaria es él responsable.
El secretario de Estado ha repasado esos datos de traslado de empresas y ha destacado la "lealtad" con la que en su opinión se están comportando los presidentes de las comunidades autónomas limítrofes, en concreto Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, porque no tratan de atraer a las empresas catalanas. "Han sido leales de no intentar pescar en esta pesca revuelta", ha destacado.
Bermúdez de Castro ha insistido en que con el 155 está volviendo la "normalidad" institucional a Cataluña, pero que no se recuperará por completo hasta que no haya un gobierno de la Generalitat legalmente constituido. "El 155 se levantará el mismo día en que se nombre a los consejeros del próximo gobierno, presidido por un presidente que pueda ser presidente", ha recalcado.
CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
Por el PSOE, Gregorio Cámara ha criticado que no se haya abordado la reforma de la financiación autonómica y local, aunque ha admitido que es un problema del Gobierno, no de Administraciones Territoriales. En cuanto a la administración local, ha denunciado que el Gobierno "la sigue maltratando y asfixiando" vistos los Presupuestos presentados, que entre otras cosas recoge 2 millones para la FEMP, lejos de los 3 millones de 2011.
Josep Vendrell, de Unidos Podemos, ha dedicado parte de su intervención a censurar la aplicación del 155 en Cataluña y ha dudado de que se pueda "volver a la normalidad" en aquella comunidad mientras haya "políticos en la cárcel". "No tienen un plan para hacer frente a una crisis constitucional de enorme gravedad, no tienen una propuesta de modernización del Estado autonómico", ha añadido.
Por Ciudadanos, Vicente Ten también se ha referido al problema catalán, en su caso porque entiende que no se ha evitado que se dedicara dinero público al 1-O, y ha preguntado por los efectos hoy de la situación. Al margen de este asunto, y entre otras cosas, el portavoz ha censurado que suba un 5% el presupuesto de las diputaciones, instituciones que Cs quiere suprimir.
El portavoz del PDeCAT, Ferran Bel, que ha retado a Cs a aportar datos donde deban sobre cómo se financió el 1-O, ha censurado entre otras cosas que no se reforme la financiación autonómica y local y que ni se mencione en este Presupuesto.
Por parte de Foro Asturias, Martínez Oblanca ha pedido explicaciones sobre qué se hace contra la despoblación, porque a su juicio faltan medidas y un plan ambicioso.
123.000 MILLONES PARA LOS TERRITORIOS
El secretario de Estado ha recordado por lo demás ante el Congreso que en los Presupuestos para 2018 las administraciones territoriales en su conjunto recibirán 4.248 millones de euros más en concepto de recursos del sistema de financiación, hasta alcanzar 123.250 millones de euros: 105.020 irán destinados a las comunidades autónomas, 4.000 millones más que en 2017, para financiar los servicios básicos que prestan, mientras que las entidades locales recibirán 18.230 millones, 258 millones más que en el ejercicio anterior.
Estas cifras sin embargo no figuran en el presupuesto de la Secretaría de Estado, de carácter político y que para 2018 presenta unas cuentas de 311 millones de euros. Los gastos de personal se elevan a 225,9 millones, el 72,6% del total, donde se integran los 6.334 empleados públicos que trabajan en las 19 Delegaciones del Gobierno, 44 Subdelegaciones y 7 Direcciones Insulares.
MÁS ACUERDOS CON LAS CCAA
Entre otros datos, Bermúdez de Castro ha repasado los datos de los conflictos entre administraciones en lo que va de legislatura, porque se han reducido. En concreto, se han iniciado 65 procedimientos para intentar negociar un acuerdo ante un conflicto de competencias, 64 abiertos a iniciativa del Gobierno y uno, a petición de Aragón.
El resultado de las negociaciones ha sido positivo en 26 casos, evitando la presentación de recurso ante el Tribunal Constitucional. En otros 13 casos el resultado ha sido negativo. Hay 24 procedimientos en trámite y en 2 se ha conseguido ya un acuerdo parcial.
