El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria visitó el país durante cinco días "a petición del Gobierno"
MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha presentado un nuevo informe sobre Guinea Ecuatorial en el que denuncia la existencia de "presos políticos" que cumplen "largas condenas", la práctica de detenciones ilegales y clandestinas por parte de las autoridades, la falta de garantías procesales a que se enfrentan los detenidos y los malos tratos y métodos de inmovilización que se imponen a los reclusos, como los encadenamientos con esposas y grilletes que "pueden durar hasta varios años".
"Guinea Ecuatorial es un país en transición", afirmaron el pasado 13 de julio en Malabo las dos miembros de la delegación, la española Manuela Carmena Castrillo y la paraguaya Soledad Villagra de Biedermann, al término de una visita a Guinea Ecuatorial "en virtud de una invitación del Gobierno y en respuesta a una solicitud del Grupo".
"Después del descubrimiento de petróleo en su territorio, el Estado cuenta ahora con los recursos financieros necesarios para desarrollar el país tanto económica como socialmente", prosiguieron las dos expertas. "El desarrollo económico implica y va de la mano con la promoción y protección de los Derechos Humanos", añadieron, no sin destacar, "con satisfacción", que el Gobierno "ha comenzado un proceso de reforma del régimen institucional y legal relativo a la privación de libertad así como programas de capacitación de autoridades y de funcionarios competentes".
No obstante, señala la declaración del Grupo, durante la visita se ha constatado la existencia de "prisioneros que podrían ser calificados como políticos y que se encuentran cumpliendo largas condenas". "Algunos de ellos fueron traídos desde países vecinos sin observar ningún proceso legal formal", prosigue.
El Grupo de Trabajo se ha mostrado "preocupado particularmente por la práctica de la detención clandestina", ya que durante su visita, recibió pruebas convincentes sobre la presencia en prisión de cuatro personas "cuya presencia no ha sido reconocida por el Gobierno", como son los casos de Juan Ondó Abaha, Felipe Esono Ntutumu, Florencio Ela Bibang y Antimo Edu Nchama.
Asimismo, el informe destaca que algunos prisioneros políticos "no son enjuiciados por tribunales civiles, sino por tribunales militares", los cuales, "por definición", no son independientes y presentan "la particularidad de que sus abogados defensores pertenecen también al cuerpo militar y no aseguran, con frecuencia, una defensa adecuada". Aparte, los procedimientos ante los tribunales militares "son sumarios y no existe la posibilidad de apelar sus sentencias".
Otro punto destacado por las expertas es "la interpretación excesiva de las atribuciones de la Policía", que conduce "a frecuentes detenciones que no tienen base legal alguna". En estas circunstancias "las autoridades que ordenan detenciones sin base legal, disfrutan, con frecuencia, de impunidad". Asimismo, "las mujeres están detenidas junto con hombres y hay menores que se encuentran detenidos en los mismos lugares que los adultos".
MALOS TRATOS, ESPOSAS Y GRILLETES
El Grupo de Trabajo ha observado también que, "en la práctica", no se aplica la norma que establece que todo detenido debe ser llevado ante un juez en un plazo no mayor de 72 horas después de su arresto. Asimismo, "algunas veces transcurren meses antes de que la persona detenida sea formalmente acusada", una práctica que "no sólo viola las disposiciones correspondientes de instrumentos internacionales que Guinea Ecuatorial ha ratificado, sino también la Constitución de la República y la Ley de 'Hábeas Corpus'", se lee en la declaración.
El Grupo ha observado también que los detenidos en las comisarías de Policía no tienen derecho a la presencia de un abogado en sus declaraciones y se enfrentan a grandes dificultades para acceder a los servicios de un abogado.
"Una preparación adecuada de la defensa antes del juicio resulta prácticamente imposible, puesto que los imputados sólo pueden encontrarse con sus abogados defensores pocos días antes de su comparecencia ante el tribunal", denuncia el estudio. "Esta situación resulta particularmente grave para aquellos que no pueden asumir los gastos que demanda la asistencia de un abogado defensor privado", añade.
Muchos de los detenidos que el Grupo de Trabajo encontró en las comisarías de policía "denunciaron haber sido víctimas de malos tratos durante las horas posteriores a sus arrestos para obtener sus inculpaciones", denuncian las dos expertas, que advierten de que "estos actos son raramente sancionados".
En este sentido, la delegación "pudo observar a detenidos con esposas en las manos y aún con grilletes en los pies o que son encadenados a sus camas durante la noche y por períodos que pueden durar hasta varios años". "Las prisiones se encuentran bajo la autoridad militar y en el interior de recintos militares" y "no existe un recurso legal contra las decisiones de naturaleza punitiva adoptadas contra los detenidos por las autoridades militares", denuncia la declaración.
Otro problema constatado es "la ausencia de un adecuado sistema de registro y de documentación de las personas detenidas, pese a que los registros de detención, incluyendo entradas y salidas, son de importancia crucial para prevenir las desapariciones o cualquier otra clase de violaciones de Derechos Humanos".
Por último, el Grupo de Trabajo pudo constatar también que un porcentaje importante de los detenidos en la comisaría de Policía de Malabo estaba constituido por inmigrantes ilegales, quienes se encuentran sujetos a detención por un tiempo indefinido mientras se confirma su identidad o se procede a su deportación. "El Gobierno no provee lo necesario para el mantenimiento de estos detenidos, particularmente respecto a las cantidades necesarias de alimentos y de agua", afirman las autoras del informe.
LA VISITA
Durante la visita, que duró cinco días, la delegación pudo reunirse con varios responsables ecuatoguineanos, entre ellos el primer ministro, Ricardo Mangue, y representantes de Justicia, Defensa y de la Seguridad Nacional.
Asimismo, "como siempre durante sus visitas a países", el Grupo de Trabajo visitó varios centros de detención de personas privadas de libertad, como la Comisaría Central y la prisión de Black Beach en Malabo, la prisión de Evinayong, la prisión de Bata, las celdas de detención de la Gendarmería de Bata y de la Comisaría de Bata. Aparte, el Grupo de trabajo mantuvo entrevistas privadas con aproximadamente 200 detenidos.
En todo caso, la delegación quiere "recalcar que el mero hecho de que el Gobierno de Guinea Ecuatorial haya aceptado la solicitud del Grupo de Trabajo de recibir una invitación es por sí misma una señal positiva" que "expresa el mensaje que el Gobierno tiene la voluntad de cooperar con los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos y de considerar las conclusiones y recomendaciones del Grupo de Trabajo".
"Confiamos que esto ayudará al Gobierno a hacer frente a los desafíos que implica la reforma del sistema de administración de justicia orientada a prevenir casos de detenciones arbitrarias", expresan las autoras del estudio.
