Asegura que las recalificaciones en La Nucía cumplieron todos los trámites legales
MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, defendió hoy que toda su labor como miembro de la Generalitat valenciana, de la que fue conseller entre 2003 y 2007, se ajustó "estrictamente a la legalidad" y anunció medidas legales contra cualquiera que insinúe lo contrario y le relacione con la trama 'Gürtel'.
En un comunicado, González Pons rechazó las informaciones que "insinúan irregularidades" durante su etapa como conseller del Gobierno valenciano. "Este nuevo ataque a mi honorabilidad me lleva a poner en conocimiento de la opinión pública que tomaré medidas legales contra cualquiera que insinúe que mis actuaciones vulneraron la legalidad en algún momento", afirmó.
El vicesecretario de Comunicación 'popular' se refiere a las recalificaciones llevadas a cabo en el Ayuntamiento de La Nucía (Alicante), y que aparecen reflejadas en el sumario de la 'operación Gürtel', en el periodo en el que ocupó la Consellería de Territorio. A este respecto, garantizó que el proceso de desarrolló siguiendo todos los trámites legales.
Según indicó, las recalificaciones de terrenos son aprobadas por la Comisión Territorial de Urbanismo formada, entre otros, por la Generalitat, los sindicatos, el Colegio de Arquitectos, universidades y asociaciones empresariales, así como por diferentes instituciones dependientes del Gobierno central (PSOE) como el Ministerio de Fomento, la Confederación Hidrográfica del Júcar y el Ministerio de Medio Ambiente.
Además, añade que en junio de 2007 se emitió la declaración de impacto ambiental que contempló, entre otras condiciones, la necesidad de un Informe favorable emitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar (dependiente del Ministerio de Medio Ambiente bajo gobierno del PSOE) que garantizase la existencia de recursos hídricos suficientes y autorización de ocupación de dominio público, condicionando especialmente la validez de la declaración a que se emitiera dicho informe, que dificultaba con mucho la viabilidad urbanística del proyecto.
González Pons señala que en octubre de 2008, cuando él ya no era ya conseller, la Confederación Hidrográfica del Júcar emitió informe desfavorable quedando, por lo tanto, sin efecto hasta el día de hoy la Declaración de impacto ambiental que hizo imposible el proyecto.
"Como es conocido, la Audiencia Nacional, en febrero de 2009, realizó un comunicado desmintiendo las informaciones sobre el sumario que pretendían vincularme con la comisión de un delito o irregularidad", concluye.
