MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información dependiente del Ministerio de Industria considera "inaceptable" la pretensión de que el Gobierno de luz verde a un Real Decreto para anular la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a cerrar nueve canales de la Televisión Digital Terrestre (TDT).
En un comunicado, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha reiterado que un Real Decreto Ley que vacíe de contenido la citada sentencia chocaría con la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional "sobre la adopción de leyes particulares y, en este caso específico, con diversas resoluciones de las autoridades comunitarias basadas en la Directiva 2002/20/CE".
El Ministerio de Industria ha ordenado a los cuatro operadores con licencia nacional para emitir en abierto --Mediaset, Atresmedia, Veo y Net TV-- el cierre de nueve canales de TDT en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo, con fecha de 27 de noviembre de 2012, que anulaba el acuerdo del Consejo de Ministros para asignar estos canales.
Tras reiterar que el departamento de José Manuel Soria se limita a dar cumplimiento a una sentencia "como corresponde en un Estado de Derecho", desde Industria se ha recalcaldo además que este cierre de canales no conllevarán perjuicios económicos para los interesados, algo que los mismos canales han reconocido.
"Los propios escritos de los licenciatarios de TDT de ámbito estatal a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) no prevén perjuicios en sus cuentas por la ejecución de la sentencia", señala la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones.
En este sentido, ha cargado contra "la alarma" que este sentido están trasladando los canales "sobre los pretendidos daños que les causaría esta ejecución y su impacto en la actividad económica del sector" después de que se haya amenazado con demandas para reclamar indemnizaciones.
Finalmente, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información ha anunciado que adoptará las medidas necesarias para garantizar que se mantenga "una oferta televisiva de calidad y en abierto óptima" para los ciudadanos "tras el cumplimiento de la sentencia".
En cualquier caso, ha reiterado su disposición al diálogo, "tal y como ha venido manteniendo en los últimos 18 meses, dentro del marco legal y siempre defendiendo el interés general".
