MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
El juez Santiago Torres, que instruye el 'caso Guateque', acordó hoy suspender la comparecencia prevista para el próximo viernes en la que iba a concretar las acusaciones derivadas de la investigación de la red corrupta de licencias ilegales a los imputados en el procedimiento judicial, que alcanza a casi un centenar de personas, entre funcionarios y empresarios, informó hoy el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
La suspensión se produce con motivo de las nuevas declaraciones solicitadas por el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Se trata de nuevas personas contra quienes no se había dirigido la causa hasta el presente.
La solicitud de nuevas imputaciones implica que el magistrado instructor debe dar traslado de la denuncia presentada por el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Madrid al Ministerio Público y al resto de las partes, para que se pronuncien sobre la admisión o inconveniencia de la misma.
El magistrado tenía previsto informar a los abogados defensores y a las acusaciones de la identidad de las personas contra las que pretendan dirigir la causa y la concreción de los hechos que les imputan a cada uno de ellos. La comparecencia se fijó por la decisión del juez de transformar la causa a un procedimiento por la Ley del Jurado Popular.
El juez Torres decidió el pasado 2 de septiembre que el procedimiento se enjuicie por un tribunal popular en aplicación de la última doctrina del Tribunal Supremo derivada de la sentencia que anuló el pasado 26 de junio el juicio que celebró la Audiencia Provincial de Barcelona por el asesinato y violación de dos guardias civiles.
El Alto Tribunal revocó la sentencia que condenó a Pedro Jiménez a 83 años por considerar que el delito más importante, el de asesinato, obliga a juzgar el resto de imputaciones también con jurado, algo que supuso una novedad a la hora de aumentar el número de casos vistos por jurados populares.
"La nueva doctrina del Tribunal Supremo conduce a apreciar que el órgano de enjuiciamiento de toda la causa debiera ser el Tribunal de Jurado, por lo que procede actuar en consecuencia", recoge el auto dictado por Torres.
El Tribunal de Jurado tiene competencia para enjuiciar delitos investigados en el 'caso Guateque', como los cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, infidelidad en la custodia de documentos, cohecho y tráfico de influencias. El juez cree que el cohecho prevalece sobre el resto de delitos, como los urbanísticos sobre los que la Ley del Jurado Popular no tiene competencia.
La 'Operación Guateque' estalló el 14 de noviembre de 2007 con la detención de 16 personas, entre ellos funcionarios de la Gerencia de Urbanismo, la Concejalía de Medio Ambiente y varias Juntas Municipales. Los principales imputados son Joaquín Fernández de Castro y Victoriano Ceballos. Además, varios concejales de distrito están implicados en la causa penal.
El 28 de enero de 2008, el magistrado solicitó a la empresa Tragsa un informe pericial sobre algunos de los locales y viviendas sospechosas de beneficiarse de la obtención ilegal de licencia. Tras meses de averiguaciones, los peritos concluyeron que sólo uno de los 47 establecimientos revisados se ajustaba a la normativa.
