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MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
El nuevo ministro del Interior es el magistrado Fernando Grande-Marlaska, de perfil conservador y actual miembro del núcleo duro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP -es vocal de su Comisión Permanente, que exige dedicación exclusiva-, un órgano al que llegó desde la Audiencia Nacional. Fue uno de los instructores del caso 'Faisán' y de numerosas causas contra ETA y su entorno y desde su puesto como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional potenció los servicios de atención a las víctimas del terrorismo.
Nacido el 26 de julio de 1962 en Bilbao, Grande-Marlaska finalizó sus estudios de Derecho Licenciado Económico por la Universidad de Deusto en 1985 y sólo tres años después ocupó su primer destino como juez en la localidad cántabra de Santoña. En 1999, con sólo 37 años, se incorporó a la Audiencia Provincial de Vizcaya, donde permaneció hasta 2003 y llegó a ser presidente.
Tras un breve paso por los Juzgados de Plaza de Castilla entró en la Audiencia Nacional en abril de 2004 como sustituto de Guillermo Ruiz Polanco.
También ocupó temporalmente la plaza de Baltasar Garzón en el Juzgado Central de Instrucción número 5, en el que instruyó causas como la que concluyó con el procesamiento del que fuera líder de Batasuna Arnaldo Otegi por la financiación de ETA a través del las herriko-tabernas, así como la intervención de Fórum Filatélico.
El 4 de mayo de 2006, cuando dirigía una operación antiterrorista contra el aparato de extorsión de ETA que operaba en el bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa), se produjo un chivatazo policial que derivó en otra causa penal que él instruyó en parte y en cuya investigación también participaron Baltasar Garzón y posteriormente Pablo Ruz.
ARCHIVÓ LA CAUSA DEL YAK
En 2007, Grande-Marlaska accedió como titular al Juzgado Central de Instrucción número 3 en sustitución de Teresa Palacios, y en este órgano investigó entre otros asuntos el del paradero del empresario secuestrado por los GRAPO en 1995 Publio Cordón, que ordenó reabrir.
A los cuatro meses de tomar posesión en este juzgado como titular archivó la causa en la que se investigaban las supuestas irregularidades cometidas en la contratación del Yak-42, que se estrelló el 26 de mayo de 2003 causando la muerte a 62 militares españoles que regresaban de una misión en Afganistán. En abril de 2008 la Sala de lo Penal le obligó a reabrir el caso aunque, tras meses de instrucción, volvió a decretar su sobreseimiento.
En el otro procedimiento abierto a raíz del accidente, relativo a la falsificación de las identidades de 30 de los 62 fallecidos, Grande-Marlaska dictó la apertura de juicio oral después de que la Sala de lo Penal le obligara a reabrir la causa que había archivado en noviembre de 2007. Tres médicos militares fueron juzgados y condenados aunque las penas no llegaron a ejecutarse por ser indultados.
VOTO DECISIVO EN EXCARCELACIONES TRAS DEROGARSE PAROT
El nuevo ministro del Interior reconoció en una entrevista en televisión que uno de los momentos "más difíciles" de su carrera profesional fue la aplicación de la derogación por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de la 'doctrina Parot'. Precisamente, el voto de calidad de Grande-Marlaska como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional fue decisivo para la excarcelación de nueve etarras, entre ellos Domingo Troitiño, a los que se alargó su estancia en prisión después de que se les aplicase dicha doctrina.
Al margen de su faceta como juez, tras dar a conocer públicamente su homosexualidad Grande-Marlaska ha intervenido en actos y campañas públicas en defensa de los derechos de gays y lesbianas. En diciembre de 2007 participó, junto al presentador Jesús Vázquez y el escritor Boris Izaguirre, en una campaña de salud denominada 'Entre nosotros: usa el preservativo'.
MARGARITA ROBLES
La magistrada progresista Margarita Robles, ex secretaria de Estado del Interior y veterana curtida en mil batallas tanto en terrenos ministeriales y parlamentarios como en las difíciles aguas de la política judicial, regresa 25 años después a un Ministerio, el de Defensa, con un Gobierno del PSOE, partido al que nunca se ha afiliado, aunque esta vez lo hará como principal responsable del departamento.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la colocó hace dos años como su número dos en las listas de las elecciones generales de junio de 2016 y que la recuperó como portavoz del Grupo Socialista al retomar el liderazgo del partido, vuelve a confiar en ella como una de las piezas claves de su Ejecutivo, en un puesto en el que recupera las competencias sobre el CNI.
Trabajadora tenaz, feminista y de costumbres austeras --de las pocas vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que renunció a tener chófer, y a la que se podía ver entrar y salir de este órgano en su viejo utilitario--, en realidad nunca ha abandonado la política, mientras que su carácter independiente en extremo y su capacidad natural de liderazgo le hicieron merecedora tanto de leales simpatías como de fuertes enemistades en los diferentes destinos por los que ha ido pasando.
DE LA SANCIÓN POR EL 'NO ES NO' A LA PORTAVOCÍA
Robles fue uno de los 15 diputados socialistas que fueron sancionados por votar 'no' a la investidura de Mariano Rajoy, manteniéndose fiel a Pedro Sánchez, que terminó dimitiendo como líder del PSOE para luego ganar en las primarias a Susana Díaz y Patxi López. En esos meses, su defensa pública del 'no es no' provocó varios encontronazos en el Grupo Socialista con diputados afines la presidenta de la Junta de Andalucía, a los que tuvo que dirigir después tras ser nombrada portavoz con el regreso de Sánchez.
Hasta su llegada al Congreso en 2016 Robles pertenecía a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo en el Tribunal Supremo, plaza que poseía desde 2004, si bien una controvertida decisión del CGPJ, tras su última apuesta por la política, que ella no dudó en calificar de "venganza", privó a Robles de su condición de magistrada del alto tribunal. Soltera y sin hijos, entre 2008 y 2013 fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PSOE y es miembro de la asociación Jueces para la Democracia.
Nacida en León en 1957, es juez de carrera y ocupó sus primeras plazas en Balaguer (Lleida) y Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). Fue la primera mujer en presidir una Sala de lo Penal y una Audiencia Provincial --la de Barcelona, en 1991-- y la tercera en entrar en el Tribunal Supremo.
EXPERIENCIA EN INTERIOR
Su trayectoria pública arranca en 1993, cuando fue nombrada subsecretaria de Justicia y luego, entre 1994 y 1996, fue secretaria de Estado de Interior, cuando Juan Alberto Belloch sustituyó a Antoni Asunción y se convirtió en 'superministro' de Justicia e Interior en el último Gobierno de Felipe González.
En el organigrama de aquel Ministerio de los años 90 hubo tres secretarías de Estado: Margarita Robles ocupó la de Interior; María Teresa Fernández de la Vega, luego vicepresidenta con José Luis Rodríguez Zapatero, la de Justicia; y Paz Fernández Felgueroso la de Asuntos Penitenciarios.
Robles ejerció de secretaria de Estado en una etapa en la que afloraban los escándalos de corrupción del PSOE de Felipe González. Bajo las órdenes del biministro Belloch, también se enfrentó al terrorismo de ETA y gestionó otras crisis como la detención de Luis Roldán o el secuestro de Publio Cordón por parte del GRAPO.
Desde su despacho en Interior vivió las investigaciones judiciales que sobre la guerra sucia de los GAL llevó a cabo el entonces juez Baltasar Garzón, que había vuelto a la Audiencia Nacional tras acompañar a Felipe González en las listas del PSOE.
Del Ministerio liderado por Belloch Margarita Robles salió para incorporarse a la Audiencia Nacional, donde entre 1996 y 2004 fue magistrada de su Sala de lo Contencioso Administrativo, y desde donde dio el salto al Tribunal Supremo y, cuatro años después, al CGPJ. En esta etapa destacó su capacidad de negociar, liderando el sector progresista en la política de nombramientos frente al grupo de vocales conservadores, a cuyo frente se colocó el actual presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Manuel Almenar.
ENFRENTADA CON LESMES
Una vez de vuelta al Supremo, muchos le reprocharon que no terminara de desligarse de las decisiones internas del órgano de gobierno de los jueces, y quizá ello tenga que ver con las difíciles relaciones que siempre se le han presumido con el actual presidente de este órgano y del alto tribunal, Carlos Lesmes, cuyo mandato concluye el próximo mes de diciembre.
Y es que fue el CGPJ de Lesmes quien decidió negar la excedencia que había pedido Robles al pasarse a la política, lo que le supuso perder la condición de magistrada del Supremo. Tampoco tuvo buena relación con el exministro Alberto Ruiz-Gallardón, que fue quien promovió a Lesmes, y en cambio su trato era muy cordial con Rafael Catalá, a quien defendió cuando cuestionó el voto particular de la sentencia de 'la Manada'.
