Los padres alegaron que la Constitución les protege para que sus hijos elijan el centro que se adapte a sus creencias
BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat catalana tendrá que dejar escoger a unos padres de Sant Pedor (Barcelona) el colegio que quieran para su hija de cuatro años, según una sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 8 de Barcelona. La niña podrá ir a una escuela concertada, en lugar de la pública a la que la Conselleria de Educación le había obligado.
En la sentencia, la juez sustituta estima totalmente el recurso que interpusieron los padres contra la decisión de Educación de obligar a G.V.R. a ser escolarizada en la escuela pública de la localidad, en barracones, e impedir que acudiera al colegio concertado Llisach, en la misma localidad.
En el proceso de prematriculación del curso 2007-2008, los padres de la niña sólo pusieron como primera y única opción el colegio Llisach, que estaba lleno pero dispuesto a ampliar sus plazas. En cambio, la escuela pública tenía libres cinco de sus cien plazas, por lo que la Generalitat le obligó a matricularse de P3 en este centro.
Los padres alegaron que la Constitución Española protege el derecho de los padres a escoger para sus hijos el centro que mejor se adapte a sus creencias religiosas y morales.
La juez considera que la Generalitat no ha demostrado que los dos centros tengan el mismo ideario, por lo que no puede obligar a los padres a renunciar a un tipo de educación concreto para su hija. Además, alega que se ha vulnerado la libre competencia entre los centros educativos.
Por todo ello, considera que la "jurisdicción ordinaria" debería "anular" el decreto de matriculación, porque vulnera "derechos fundamentales". De hecho, la juez dice que el derecho fundamental a la libre elección de los padres está por encima de la "facultad que asiste a la Administración" de planificar la oferta educativa.
La Federación de Asociaciones de Padres de Escuelas Libres (FAPEL), que representa a 140.000 familias, celebró la decisión del tribunal y consideró que de ella se deduce que "los padres son los primeros responsables de la enseñanza de sus hijos.
A su juicio, la política educativa de admisión de alumnos de Educación "vulnera" estos derechos y libertades "reconocidos" en la Constitución Española (CE).
Según la federación, esta sentencia deberá servir "no solo para recordar a los legisladores que será necesario replantear la Ley de Educación de Catalunya (LEC) guiada por estos principios, sino replantear los problemas del sistema educativo catalán como son la zonificación, la planificación basada en una oferta que no tiene demanda y la calidad en la oferta educativa necesaria", entre otros.
