ARRECIFE (LANZAROTE), 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
El juez del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 5 de Arrecife, César Romero Pamparacuatro, que se encarga del denominado 'Caso Unión', que investiga una supuesta trama de corrupción urbanística en Lanzarote, ha imputado al arquitecto José María Pérez Sánchez un presunto delito de tráfico de influencias y alteración de precios en concursos.
El arquitecto acudió esta mañana sobre las 09.30 horas a los juzgados de Arrecife, donde prestó declaración ante el juez, quien finalmente decidió imputarle ambos supuestos delitos. Además, durante el día de hoy ha tenido que declarar el también arquitecto Víctor Alberto Sánchez Martín, una comparecencia ante el magistrado que comenzó a las 11.00 horas, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en un comunicado.
Tanto Pérez como Sánchez y el arquitecto Carlos Morales podrían haber sido consultados por el ex concejal de Urbanismo, Economía y Hacienda, Ubaldo Becerra, para "manipular" la adjudicación del Plan General del municipio, según fuentes consultadas por Europa Press.
Los despachos de estos dos profesionales de la arquitectura fueron registrados el pasado 25 de mayo, cuando el Grupo de Delincuencia Urbanística de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil registró también el Ayuntamiento de Arrecife.
La 'Operación Unión' investiga un supuesto caso de corrupción urbanística en Arrecife, con posibles ramificaciones en otros municipios de la isla como Yaiza. Este caso lo siguen realizando miembros de un operativo de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife y de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas. La investigación aún sigue abierta aunque bajo secreto de sumario.
Dicha operación, en la que han sido detenidos cargos públicos, funcionarios, empresarios e intermediarios de Lanzarote implicados en una trama para el cobro de comisiones ilegales, se desencadenó a raíz del pago de una de las supuestas comisiones cobradas, de 100.000 euros, que fue interceptada por la Guardia Civil a uno de los intermediarios de la red en el momento de su entrega.
