CASTELLÓN, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del grupo socialista en la Diputación de Castellón, Francesc Colomer, aseguró hoy al presidente de la corporación provincial, Carlos Fabra, que "no puede permanecer al frente de la institución ni un minuto más si no contesta a las preguntas sobre sus cuentas bancarias, puesto que no tiene legitimidad".
Colomer realizó estas afirmaciones durante el turno de ruegos y preguntas del pleno de la Diputación, en el que preguntó a Carlos Fabra si tiene algo qué decir "sobre las informaciones publicadas el 26 de septiembre respecto a que entre 1999 y 2004 ingresó muchos millones y 6 de ellos no estas justificados", sobre "quién le ingresó tantos millones y a cambio de qué", si "es normal que tenga que ir la Policía acompañando a los peritos de Hacienda para conocer sus ingresos", y si "no cree que un cargo público debe responder en caso de que haya dudas".
Fabra indicó que, acogiéndose a su derecho, tal y como recoge el reglamento de la Diputación, contestaría al portavoz socialista por escrito, tras lo que Colomer le trasladó si "le parece normal no contestar a estas preguntas tan elementales en vivo y en directo".
Una vez concluida la sesión plenaria, y tras ser preguntado por los medios de comunicación sobre si es inocente o culpable, el presidente de la Diputación señaló que "soy inocente mientras no se determine lo contrario, pues todos los españoles son inocentes mientras no se deduce lo contrario, y eso no se deducirá aquí, sino en los juzgados".
Entre los asuntos más importantes aprobados en el pleno se encuentra una moción del grupo popular sobre vulnerabilidad financiera de los municipios ante la crisis económica, que contó con el voto en contra de los socialistas. Por contra, el grupo popular rechazó una moción del grupo socialista sobre financiación local.
La moción aprobada insta a reclamar al Gobierno central un acuerdo simultáneo y vinculado con las comunidades autónomas y los entes locales para la reforma urgente de la financión local paralela a la de financiación autonómica y para establecer las bases del Pacto Local.
Además, insta al Gobierno para que la futura reforma de la Ley de Bases de Régimen Local aborde "definitivamente" la delimitación precisa de las competencias de los ayuntamientos y diputaciones provinciales "al objeto de evitar la situación actual de asunción de competencias impropias", y exige al Ejecutivo central la creación "urgente" de un Consejo Local de Política Financiera, en el que participarán la FEMP, los seis mayores municipios de España y una representación de municipios medianos y pequeños para tratar temas de interés bilateral.
PERSONAL EN JUZGADOS DE NULES
Por otra parte, el grupo popular votó en contra de la urgencia de una moción del grupo socialista sobre asignación material y medios personales para el funcionamiento de los juzgados de Nules, --donde se instruye la causa en la que está imputado Fabra-- por lo que ni siquiera se llegó a votar.
En dicha moción, los socialistas solicitaban que el pleno de la Diputación instase a la Conselleria de Jusitica de la Generalitat a asignar "cuanto antes" el personal de refuerzo y los medios materiales necesarios correspondientes a los nuevos jueces designados para los juzgados de Nules.
Colomer justificó dicha moción "para evitar la parálisis de los juzgados de Nules, especialmente por la gravedad de que Fabra esté tantos años imputado por los delitos más graves que se le pueden imputar a un cargo público", y añadió que "éste es un debate sobre los comportamientos éticos de un cargo público".
El vicepresidente de la Diputación Vicent Aparici alegó para rechazar esta moción que "es un tema debatido ya en esta institución y sobre el que hay un acuerdo, por lo que las razones para presentarla son otras distintas al normal funcionamiento de la Justicia". Acusó a Colomer de "montar circos y basarse en la mentira y la difamación", y le indicó que "si tuviese un mínimo de decencia se marcharía, puesto que no le apoyan ni en su partido".
El pleno también rechazó, con los votos en contra del grupo popular, una moción del grupo socialista para frenar las dificultades de la crisis, en la que demandaba que la Diputación congelara los sueldos del presidente y diputados durante el ejercico 2009, así como las partidas presupuestarias relacionadas con dietas e indemnizaciones de los cargos electos por asistencia a plenos o comisiones, además de los sueldos del personal eventual. Finalmente, solicitaba reducir "de forma significativa" el número de asesores y personal de confianza de libre desginación de la Diputación.
