PINTO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Partido Popular en Pinto y ex alcaldesa de la localidad, Miriam Rabaneda, acudió hoy al Juzgado de Guardia número 1 de Parla a ratificar la demanda presentada el pasado 13 de enero contra el actual regidor pinteño, Juan José Martín; el portavoz de Izquierda Unida, Carlos Penit, y el concejal de Juntos por Pinto, Reyes Maestre, por los supuestos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
A su salida de las dependencias judiciales, Rabaneda apuntó que la ratificación de la demanda se debe "no solo por unos hechos que la jueza debe entrar a depurar responsabilidades", sino también a ampliar de forma verbal la demanda por el nombramiento de la pareja sentimental de Maestre, Aída María Núñez, como consejera delegada de la empresa municipal Aserpinto.
En este sentido, la portavoz del PP pinteño afirmó que en la historia del municipio "nunca se había ampliado el número de consejeros delegados, que siempre había sido uno" e indicó que ese consejero delegado "siempre había sido un concejal del Ayuntamiento de Pinto". Rabaneda destacó que "por primera vez en la historia" será consejera delegada "una persona que no es concejal ni representante del Consistorio pinteño".
La ex alcaldesa de Pinto apuntó además la importancia del puesto que ocupará la pareja sentimental de Reyes Maestre ya que, según aseguró, "tiene el poder para comprar, vender, alquilar e hipotecar la empresa", por lo que creyó necesario "que lo conociese la jueza" con el objetivo de que tuviese "más datos para estudiar la denuncia y depurar responsabilidades".
El abogado de Rabaneda, Juan Ramón Montero, apuntó otra de las razones para la ratificación y ampliación de la demanda. El letrado indicó que los firmantes de la moción de censura "firmaron un acuerdo ante un notario de Pinto", antes del 22 de diciembre, en el que se comprometían a "apoyar El Espacio del Motor y a desistir de un procedimiento Contencioso Administrativo que se llevó a cabo por instrucciones de los técnicos del Ayuntamiento" y que, según subrayó, "ese acuerdo lesivo suponía un perjuicio al Consistorio de dos millones de euros".
