MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
El nuevo ministro del Interior, el juez Fernando Grande-Marlaska, tendrá que definir la relación con los Mossos d'Esquadra tras levantarse el artículo 155 y decidir si mantiene la estructura de mando en la Policía y la Guardia Civil de su antecesor, Juan Ignacio Zoido, además de gestionar otras cuestiones sensibles como la lucha contra el terrorismo yihadista.
La aplicación de la política penitenciaria, sobre todo en lo referente de los presos de ETA tras la reciente disolución de la banda terrorista, será otro de los asuntos que le tocará gestionar, si sigue siendo competencia del Ministerio del Interior. Las asociaciones de víctimas guardan buena relación con el nuevo ministro por su desempeño como juez y los sindicatos policiales han puesto en valor su conocimiento en materia de terrorismo.
Grande-Marlaska, que llegó al CGPJ de la mano del PP, fue uno de los instructores del caso 'Faisán' y de numerosas causas contra ETA y su entorno. Desde su puesto como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional potenció los servicios de atención a las víctimas del terrorismo.
LA EQUIPARACIÓN POLICIAL, PENDIENTE
Sobre su mesa en Interior esperan decisiones sobre si mantiene o modifica la estrategia para combatir la creciente tensión generada por el narcotráfico en el Campo de Gibraltar, así como desarrollar la equiparación salarial de policías y guardias civiles, como esperan los sindicatos representativos de ambos Cuerpos.
Tras una movilización policial sin precedentes para hacer frente al referéndum del 1-O, Zoido pactó una subida, pendiente de aplicarse en los presupuestos entre 2018 y 2020, para igualar los sueldos de policías y guardias civiles en relación con el de los miembros de la policía catalana. Otros funcionarios como el de prisiones reclaman una subida similar.
También le aguarda qué ocurre con normas como la Ley de Personal o la reestructuración de ambos Cuerpos, así como la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por la mayoría absoluta del PP en 2015. El nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió en la defensa de su moción de censura derogar los artículos más polémicos de la conocida por sus detractores como 'ley mordaza'.
Si se atiende a los últimos debates parlamentarios, es previsible que Podemos exija la retirada de la medalla otorgada en 1977 al policía Juan Ángel González-Pacheco, alias 'Billy El Niño', que incrementa su pensión un 15% de manera vitalicia. Este tipo de condecoraciones ha sido uno de los aspectos polémicos en los últimos años, al igual que la llamada 'policía política', que ha sido motivo de cruce de reproches entre PSOE y PP, además de partidos independentistas.
El responsable de Interior, una de las carteras más sensibles para las políticas de Estado, decide sobre quiénes serán los directores generales de la Policía (hasta ahora Germán López Iglesias) y la Guardia Civil (José Manuel Holgado), con sus diferentes unidades encargadas de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
NIVEL 4 SOBRE 5 DE ALERTA ANTITERRORISTA
El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero optó por un mando único para la Policía y la Guardia Civil que fue suprimido en 2011 por el primer Ejecutivo de Mariano Rajoy. Los atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004 pusieron el foco en la coordinación en la lucha antiterrorista, aunque internamente el debate giró sobre si este mando único mermaba la eficacia operativa. España mantiene un nivel cuatro sobre cinco de alerta antiterrorista desde el 26 de junio de 2015.
La relación entre diferentes cuerpos policiales volvió a aflorar con el atentado perpetrado por una célula yihadista el 17 de agosto en Barcelona y Cambrils. Precisamente para mejorar la eficacia policial se creó en 2014 el Centro de Inteligencia contra el Terrrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), que lidera desde entonces el comisario José Luis Olivera.
Se trata de un veterano policía que investigó el caso 'Gürtel' y que, en esta Legislatura, ha tenido que dar explicaciones en el Congreso, al igual que otros mandos, sobre aspectos como su relación con otros polémicos policías como José Manuel Villarejo, ya jubilado y actualmente en prisión, en medio de las disputas con otros comisarios y con los servicios de Información, entre ellos el CNI.
Grande-Marlaska tendrá que decidir si mantiene la estructura de mandos de Zoido, que optó por una mayor horizontalidad con cuatro jefes o mandos centrales al suprimir la figura del director adjunto operativo (DAO). En la práctica los 'hombres fuertes' del exministro han sido en la Policía el comisario principal José Antonio de la Rosa --su jefe de seguridad cuando fue Alcalde de Sevilla-- y en la Guardia Civil el teniente general Laurentino Ceña.
Zoido situó como máximos responsables de Información a Juan Carlos Ortiz Argüelles en la Policía y a Fernando Santafé en la Guardia Civil. También cambió a Enrique Barón por Germán Rodríguez Castiñeira al frente de la Comisaría General de Información y confió en Eloy Quirós en la de Policía Judicial, de quien depende la UDEF. Para este último cargo optó, tras meses de vacío, por Fernando Moré.
UDEF, UCO Y VARIAS DIRECCIONES GENERALES
La UDEF fue la que comenzó la investigación del caso 'Gürtel', cuya sentencia sirvió para que el PSOE presentara la moción de censura a Mariano Rajoy. Recientemente ha llevado otras investigaciones como la del desvío de fondos de la cooperación internacional de la Diputación de Barcelona y de otros organismos catalanes para presuntamente financiar el 'procés'.
Por su carácter militar, en la Guardia Civil existen históricamente menos variaciones en su estructura de mando con cada cambio de Gobierno. La llega de Zoido no supuso cambios al frente de la Unidad Central Operativa (UCO), cuya jefatura recae en el coronel Manuel Sánchez Corbí.
En los 19 meses de legislatura, la UCO ha explotado operaciones como 'Lezo', que obligó a dar explicaciones al exsecretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto por reunirse en su despacho con el hermano de Ignacio González, y ha detenido al exministro del PP Eduardo Zaplana; también ha colaborado en investigaciones relacionadas con el desafío independentista en Cataluña y ha resuelto desapariciones muy mediáticas como la de Diana Quer o el niño Gabriel Cruz.
De Interior también depende la Dirección General de Tráfico, para quien Zoido confió en su antiguo colaborador en Sevilla Gregorio Serrano, señalado por la gestión de la crisis durante las nevadas de las pasadas Navidades. Otras direcciones son las de Protección Civil y Emergencias, de Instituciones Penitenciarias (algunos sindicatos piden que pasen a depender del Ministerio de Justicia) y la de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo.
