Rosa Díez exige al Gobierno que actúe ante "un claro fraude de ley" e "indicios de prevaricación"

Rosa Díez
EUROPA PRESS
Actualizado: miércoles, 1 julio 2015 19:30

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha exigido este sábado al Gobierno que "actúe contra el simulacro de consulta" que se está organizando en Cataluña porque supondrá "un claro fraude de ley" con utilización de recursos públicos y porque existen "claros indicios de prevaricación".

En su opinión, si el Ejecutivo de Mariano Rajoy no actúa, se convertirá en "cómplice de un fraude que está dejando en la indefensión a un gran número de personas". "Lo importante en este caso es utilizar la ley para defender a todos los catalanes de un gobernante despótico", ha subrayado Díez en una nota de prensa en referencia al presidente de la Generalitat, Artur Mas.

Tras recordar que UPyD ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por estos hechos, la líder de la formación magenta ha instado al Gobierno a seguir sus pasos. "La Fiscalía está para velar por el cumplimiento de la ley, y no para ser utilizada en base a cálculos políticos", ha señalado.

AMPLIARÁN LA QUERELLA CONTRA MAS Y EL PARLAMENT

Por otro lado, Díez ha anunciado que su partido ampliará la querella que presentó ante el Tribunal Supremo el pasado 8 de octubre contra la presidenta del Parlamento catalán, Núria de Gispert, cuatro miembros de la Mesa de esta Cámara y el presidente de la Generalitat, que es quien está impulsando un "proceso de participación ciudadana" que, según UPyD, constituye un "claro fraude".

La formación considera que, en relación con los actos de convocatoria del próximo 9 de noviembre, se han cometido delitos de desobediencia, prevaricación, usurpación de atribuciones, malversación de caudales públicos y delitos electorales. A su juicio, las actuaciones del Govern y del Parlament constituyen "un ataque a la soberanía nacional, que reside en todos los ciudadanos".

UPyD espera que tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo "se pronuncien con la rapidez que el caso merece", pues apenas restan dos semanas para la anunciada consulta y en Cataluña se está impulsando una campaña informativa para que los ciudadanos acudan a votar.

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