MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
La diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Rosa Díez, ha registrado una serie de preguntas sobre la actitud de Venezuela en relación con los terroristas de ETA para saber, entre otras cosas, si el Gobierno de Hugo Chávez ha llegado a parar en alguna ocasión solicitudes de extradición de etarras residentes en su territorio y para que el Ejecutivo español explique si piensa denunciar a este país ante el Tribunal Penal Internacional con sede en La Haya.
Las diligencias del juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional en torno a una supuesta colaboración entre ETA y las FARC auspiciada por el Gobierno venezolano ha puesto en entredicho la colaboración antiterrorista de ese país. El juez de la Audiencia Nacional ha cursado orden internacional de detención de varios etarras residentes en Venezuela y el Gobierno de Chávez ha replicado que sólo procederá a realizar detenciones si hay pruebas fehacientes.
En ese contexto, Rosa Díez ha registrado una pregunta para ser respondida en la Comisión de Interior con el fin de saber si existen solicitudes de extradición de miembros de la banda terrorista ETA que Venezuela no cursa.
SANCIONES EN LA ONU
La portavoz de UPyD ya había presentado hace unas semanas otras preguntas sobre el caso. En una de ellas, a la que tuvo acceso Europa Press, llega a preguntar si el Gobierno tiene intención de denunciar al Ejecutivo venezolano ante el TPI por el "notorio" incumplimiento de sus obligaciones internacionales frente a las actividades de ETA en su territorio.
En ese sentido, se refiere a esas peticiones de extradición de miembros de ETA residentes en Venezuela o incluso empleados dentro de su Administración, caso de Arturo Cubillas Fontán, considerado el cabecilla de los etarras afincados en ese país y uno de los reclamados por el juez Velasco.
Del mismo modo, quiere saber si el Gobierno socialista tiene intención de promover ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la adopción de sanciones hacia Venezuela por su incumplimiento de la Resolución 1.373 de este organismo, en la que se insta a los Estado a no proporcionar apoyo a entidades o personas vinculadas al terrorismo.
