Compara su situación con los procesados huidos, quienes ahora pueden circular libremente "por todo el globo"
MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -
Los diputados suspendidos en el Parlament Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull han vuelto pedir al Tribunal Supremo su excarcelación y le ha instado a acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que pregunte si es compatible que ellos estén en prisión provisional después de que el juez instructor del 'procés', Pablo Llarena, retirase la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) y la internacional contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y el resto de los procesados huidos.
Así lo pide Jordi Pina, abogado de Sànchez, Turull y Rull, en un recurso contra el auto de la Sala del pasado 26 de julio en el que la Sala de lo Penal --que enjuiciará la causa abierta por el 'procés'-- denegó la libertad de estos tres procesados por el delito de rebelión y otros cinco en la misma situación que ellos, como el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras, al no detectar modificación alguna de los motivos por los que el magistrado instructor, Pablo Llarena, acordó cárcel para ellos.
Según el letrado mantener la medida cautelar de prisión provisional vulnera el derecho fundamental a la libertad de los procesados porque es "extremadamente desproporcionada", no sólo porque el tribunal ha tomado la decisión de mantenerles en la cárcel "a ciegas", sino porque considera que está vulnerando el derecho a la igualdad ante la Ley.
Con respecto a este segundo supuesto, el abogado recuerda que el juez instructor acordó retirar las euroordenes, "sin dar la más mínima explicación", contra varios procesados "residentes en extranjero" después de que tribunales belgas y alemanes rechazasen entregarles por rebelión. Esto "obliga a dudar de la convicción del Magistrado en la fortaleza de los argumentos que sustentan sus propios autos de procesamiento y conclusión del sumario", añade.
EN "PEOR CONDICIÓN"
En este sentido, subraya que Sànchez, Rull y Turull se encuentran en "peor condición por el mero hecho de residir en España" con respecto a los que se encuentran en Reino Unido y Suiza, en referencia a la exconsejera Clara Ponsatí y la dirigente de ERC Marta Rovira, las cuales tienen la posibilidad de la "libre circulación por el resto del globo".
En este sentido, la defensa insta a los magistrados del alto tribunal que "obligatoriamente" plantea una cuestión prejudicial al TJUE sobre si "es compatible con los derechos fundamentales a la igualdad, la libertad y la presunción de inocencia, previstos en los artículos 6, 20 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que la autoridad judicial de un Estado miembro retire sin motivación alguna las órdenes de detención europea emitidas en relación con personas investigadas en un procedimiento penal residentes en otros Estados miembros y, simultáneamente, mantenga en prisión provisional a las personas residentes en su propio país cuando todas están siendo investigadas exactamente por los mismos hechos y los mismos delitos".
Por otra parte, el recurso analiza la decisión de la Sala de lo Penal de no dejar en libertad al expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull. Aunque agradece que los magistrados quieran "mantener la distancia" y guardar "imparcialidad" a la hora de resolver los recursos, ya que ellos mismos serán los que próximamente les juzgue, crítica que hayan continuado con el criterio del juez Llarena y no prime la presunción de inocencia.
"CONFIANZA CIEGA" AL JUEZ LLARENA
"Lo que sorprende es que la Sala no quiera pronunciarse 'a ciegas' sobre la tipicidad de los hechos pero, en cambio, manifieste confianza ciega en las decisiones del magistrado instructor y de la Sala de apelaciones olvidando las obligaciones fiscalizadoras de la situación procesal del investigado", subraya el escrito.
Por ello, el abogado sugiere que el Supremo designe a unos magistrados distintos a los que integrarán el tribunal que enjuicie para revisar la situación de medida de prisión provisional de los investigados durante la denominada fase intermedia, que es la que se encuentra el procedimiento en estos momentos, es decir, desde que se concluye la instrucción y se celebra el juicio.
Por último, la defensa de los diputados catalanes suspendidos en aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuciamiento Criminal critica que, aún así, los magistrados justicase mantenerles en la cárcel por la proximidad del juicio oral, la firmeza del auto de procesamiento y la naturaleza y gravedad de los hechos indiciariamente atribuidos.
Para Pina, estas razones no son suficientes para considerar que persiste el riesgo de fuga y continuar presos y argumenta que el exlíder de ANC y los exconsejeros han acudido siempre que han sido llamados por un juez y que son padres de menores. Es más, en el caso de Rull y Turull recuerda que comparecieron ante el juez Llarena el pasado 23 de marzo para conocer su procesamiento, sabiendo que su reingreso en prisión era previsible.
