El Supremo da tres días a las partes del 'procés' para que informen sobre la recusación a los magistrados que juzgarán

Publicado: lunes, 30 julio 2018 15:24

La Sala también ordena designar un instructor para resolver la petición de Sànchez, Rull y Turull de apartar a cuatro jueces

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo han dado tres días a las partes personadas en la causa por el proceso soberanista en Cataluña para que informen sobre el incidente de recusación formulado por los exconsellers catalanes Jordi Turull y Josep Rull y del expresidente de la ANC Jordi Sànchez contra cuatro de los magistrados del Tribunal Supremo designados para enjuiciar la causa.

En una providencia, los magistrados de la Sala Manuel Marchena (presidente), Andrés Martínez Arrieta y Antonio del Moral han dado traslado de la recusación al Ministerio Fiscal, la acusación 'popular' ejercida por Vox, la Abogacía del Estado y las defensas de los procesados por los delitos de rebelión, malversación de caudales públicos y desobediencia para que manifiesten "lo que a su derecho convengan", es decir, si se adhieren o se oponen a las alegaciones expuestas por Sànchez, Rull y Turull para que éstos sean apartados del tribunal que les juzgará próximamente.

Precisamente, el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el exconseller Raül Romeva han presentado este lunes otro incidente de recusación contra los mismos magistrados y contra Antonio del Moral por presunta falta de imparcialidad contra cinco de los magistrados que deben juzgarles en la causa que investiga el proceso soberanista.

Por otro lado, en esta misma providencia la Sala ordena que se designe a un magistrado para que instruya esta causa, que será el que resuelva finalmente si los cuatro magistrados deben ser apartados del tribunal.

LOS MAGISTRADOS YA EMITIERON SU OPINIÓN SOBRE LA CAUSA

El incidente de recusación recuerda que Manuel Marchena, Andrés Martínez, Juan Ramón Berdugo y Luciano Varela son los mismos que dictaron el auto por el que el Tribunal Supremo admitió a trámite la querella que presentó la Fiscalía el 30 de octubre de 2017 contra los ahora procesados. Asimismo, apunta que aunque estos magistrados extremaron las precauciones para "intentar no valorar de modo explícito la relevancia penal de los hechos relatados por el Ministerio Fiscal, inevitablemente para dictar dicha resolución se tuvieron que efectuar valoraciones jurídicas sobre la tipicidad de tales hechos con las que forzosamente se emitió una opinión favorable a su relevancia penal".

En este sentido, la defensa de estos tres procesados por el delito de rebelión se pregunta que "esperanza" hay para que la Sala concluya que los hechos "son penalmente atípicos y los procesados merecen ser absueltos cuando en su día cuatro de los cinco magistrados concluyeron que tales hechos tenían relevancia penal".

Por último, Jordi Pina, abogado de los diputados suspendidos, apunta además que estos cuatro magistrados "se han mantenido en permanente contacto y colaboración profesional" con el juez instructor de la causa, Pablo Llarena, durante toda la investigación, por lo que deduce que en este tiempo han tenido "ocasión para comentar los pormenores de un procedimiento con tanto revuelo mediático y político como el presente".

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