MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha denunciado en su informe anual 2017 la denegación por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de becas generales a estudiantes debido al incremento patrimonial familiar por el cobro de ayudas de emergencia por exclusión social.
"Dadas las finalidades que proponen tanto el sistema de becas como el de las propias subvenciones, cuyo objetivo es el de paliar las dificultades económicas de las familias, su cobro no debería resultar penalizado en las propias becas", sostiene esta institución en este documento que recoge Europa Press.
Este asunto fue objeto de una actuación de oficio ante el Ministerio de Educación, en la que la Institución que dirige Fernández Marugán, puso en evidencia que la superación del umbral patrimonial "por una escasa cuantía" (1.700 euros como máximo) fuera motivo de denegación de becas solicitadas por alumnos.
El Defensor considera que en este rechazo a la solicitud de la beca por los alumnos no se tuvo en cuenta su bajo nivel de renta familiar, la situación de exclusión social de las familias, la excepcionalidad de los expedientes académicos presentados ni a finalidad de las ayudas.
Además, sostiene que la citada actuación la motivó la "necesidad de evitar" que la situación expuesta en las quejas presentadas "provocara sin remedio el abandono de los estudios que han seguido los afectados con sobresaliente éxito académico, con la ayuda de las becas y ayudas convocadas por el mismo ministerio".
Según explica esta institución en su informe, el Ministerio de Educación reconoció la necesidad de que se tuvieran en cuenta otros aspectos relativos a las rentas, para medir la capacidad económica de las familias, pero alegó la improcedencia de excluir del cómputo de los elementos indicativos del patrimonio familiar la totalidad de las subvenciones recibidas.
El departamento de Íñigo Méndez de Vigo comunicó el inicio de actuaciones con el Ministerio de Hacienda y Función Pública para determinar las subvenciones computables a efectos tributarios y excluir del cómputo a efectos de becas aquéllas cuya finalidad sea "eminentemente social", una cuestión que el Defensor espera que "dé un fruto inmediato".
RETRASOS EN LA CONCESIÓN DE BECAS
Fernéndez Marugan alerta en su informe sobre las demoras de Educación en la concesión de las becas generales de estudio, un asunto que se repite en los últimos informes y que "afecta negativamente a los becarios", a los que se ingresan las cuantías de estas ayudas con el curso ya avanzado.
Hasta el curso 2012-2013, los becarios recibían todo el dinero de golpe en en mes de enero como tarde, mientras que desde los cursos siguientes, con el nuevo sistema de dos cobros --cuantía fija y variable-- los estudiantes lo empiezan a recibir la fija en febrero y marzo y la variable en abril, es decir, casi en el tercer trimestre del curso académico.
"Las quejas ponen de manifiesto la evidencia de que cuando los estudiantes reciben las cuantías concedidas ya han tenido que hacer frente a buena parte de los gastos que con ellas habrían de afrontarse, lo que resta eficiencia al sistema y merma su carácter compensador", sostiene el Defensor del Pueblo.
Por ello, propone reforzar las unidades de becas para que resulevan antes del 30 de diciembre, agilizar los mecanismos de revisión y comprobación de las solicitudes, así como los de fiscalización y pago e incluso "replantear" el sistema aplicado desde la convocatoria de 2012-2013.
