El Congreso convalida el decreto que adapta en España el reglamento europeo de protección de datos

La ministra de Justicia Dolores Delgado en el Congreso
CONGRESO
Publicado: jueves, 6 septiembre 2018 14:05

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el decreto con medidas urgentes para adaptar el derecho español al nuevo reglamento europeo de Protección de Datos y asegurar así que se aplique en el país.

"Quiero mostrar el agradecimiento del Gobierno por el consenso encontrado para la convalidación de este decreto que otorga seguridad jurídica y redunda en beneficios en derechos de los ciudadanos. Muchas gracias", ha declarado la ministra de Justicia, Dolores Delgado, encargada de defender el texto en la Cámara, tras el debate sobre esta materia.

Durante su intervención, Delgado ha explicado que el decreto fija cuál es el personal competente para realizar las labores de investigación previstas en el reglamento europeo y regula el modo en que podrán desarrollar su actividad de inspección. También determina el régimen aplicable al personal de las autoridades de supervisión de otros estados miembros de la Unión Europea que participen en actuaciones conjuntas de investigación.

Además, establece un régimen sancionador aplicable en España, pero no regula cuestiones como los plazos de prescripción o las sanciones, al considerar que deben fijarse en el ordenamiento interno de los estados estos dos principios son "básicos" para garantizar la seguridad jurídica de los procedimientos abiertos y proteger los derechos de los ciudadanos.

En cuanto a la prescripción de las sanciones, el texto del Gobierno opta por mantener los mismos tiempos que actualmente establece la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), por lo que fija un plazo de un año para las inferiores a 40.000 euros, dos años para las comprendidas entre 40.000 y 300.000 euros y tres años para las superiores a dicha cuantía.

TRES TIPOS DE TRATAMIENTOS

Del mismo modo, la ministra ha explicado que la aplicación del reglamento de protección de datos exige en muchos casos recabar el criterio de las autoridades de protección de datos de otros Estados miembros de la Unión Europea para actuar de forma coordinada en aquellos supuestos que afecten a varios países.

De este modo, el reglamento europeo distingue en la práctica tres tipos de tratamientos a los que aplica distintas normas: los transfronterizos con relevancia local en un Estado miembro y aquéllos exclusivamente nacionales. En el caso de los dos primeros, la regulación europea establece la obligación de que la autoridad principal someta los distintos proyectos de decisión a las restantes autoridades.

Con todo, este decreto incluye la previsión de suspender los procedimientos cuando sea necesario recabar el parecer de las autoridades de otros estados europeos. En este sentido, la titular de Justicia ha advertido de que, de no hacerlo así, esos expedientes podrían caducar, con las consecuencias negativas que ello conlleva no sólo respecto de la aplicación en España del reglamento europeo, sino para la garantía del derecho fundamental de los ciudadanos europeos.

LOS GRUPOS LLAMAN A AGILIZAR LA LEY

La convalidación de este decreto se produce mientras en la Cámara baja ya se tramita una proposición de ley relativa a esta materia, que el Gobierno del PP presentó en el Congreso en noviembre de 2017. Han sido varios los grupos parlamentarios que han apremiado a sus colegas en el Congreso a agilizar este proceso.

Uno de ellos ha sido el portavoz del PP en este debate, Francisco Martínez, quien ha defendido el decreto debido a la urgencia que suponían algunas medidas, pero ha señalado en su intervención que este camino "no es el óptimo" y ha recordado la tramitación de la norma. Una tramitación que, el portavoz de Unidos Podemos, el diputado de IU Ricardo Sixto, debía haberse producido "con una cierta celeridad" que no se ha producido.

Sixto ha lamentado que el reglamento europeo tiene fecha de 2016 y no haya llegado a la Cámara hasta finales del año siguiente. "El PP se retrasó" ha criticado, para señalar, además, que este texto ha tenido que vivir dos meses (enero y julio) que no son hábiles parlamentariamente hablando y un cambio de Gobierno.

Su homólogo de Ciudadanos, Marcial Gómez, se ha dirigido en su discurso a PDeCAT y ERC, para señalar que estas formaciones están a favor de convalidar este decreto cuando, desde la Generalitat de Cataluña "juegan con los datos de los catalanes" para hacer "un referéndum ilegal" y para "expiar a políticos, empresarios y ciudadanos" y hacer "listas de los que consideran malos catalanes".

La portavoz de PDeCAT en este debate, Lourdes Ciurò, ha pedido que retirara estas palabras al no existir, según ha señalado, "ninguna acusación" al respecto, pero Gómez se ha negado al asegurar que sólo h citado informaciones que han aparecido en los medios.