MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo considera probado que las identificaciones de los cadáveres del accidente del Yak-42 se realizaron de manera aleatoria. El Alto Tribunal avala así la sentencia dictada por la Audiencia Nacional contra el general de del Cuerpo Militar de Sanidad Vicente Carlos Navarro y dos de sus subordinados por su responsabilidad en el siniestro en el que fallecieron 62 militares el 26 de marzo de 2003.
"Afirmar que esa identificación, sin realizar actos que posibilitan la identificación del cadáver, es una mendacidad que al documentarse en un instrumento público integra la tipicidad del delito objeto de la sentencia", reza la sentencia, dictaminada el pasado 17 de marzo, que añade que "en este sentido, el hecho probado refiere lo aleatorio de la identificación".
El Supremo, que desestima todos los recursos de casación presentados tanto por los familiares de las víctimas como por los condenados, indica que el general Navarro no realizó la identificación de treinta cadáveres, sino que asignó un nombre a una bolsa "haciendo parecer que los había identificado".
Los magistrados del Tribunal aseguran también que Navarro lo trasladó a sus superiores y subordinados y, desde esa mendacidad, redactó los certificados de defunción de personas que, efectivamente, habían fallecido pero sin identificar el cadáver respecto al que había certificado su fallecimiento.
El 19 de mayo de 2009, la Audiencia Nacional condenó al general Navarro a una pena de tres años de prisión por un delito de falsedad en documento oficial y al pago de una multa de 1.800 euros. Además le impuso el pago de una indemnización de 10.000 euros para cada una de las familias en concepto de responsabilidad civil.
El general de División del Cuerpo Militar de Sanidad se encuentra en la reserva desde junio de 2004 y fue el oficial médico de más alto rango que formó parte de la comisión técnica que envió el Ministerio de Defensa a Turquía para realizar las identificaciones de los fallecidos y que erró en 30 de las 62 identidades.
Sobre los dos oficiales médicos que trabajaron en la comisión como subordinados de Navarro, José Ramírez y Miguel Sáez, a los que la Audiencia Nacional condenó a cada uno a una pena de un año y medio de prisión por considerarlos cómplices del delito, y sancionados con un año de inhabilitación, como responsables civiles subsidiarios, el Supremo confirma que en la realización de la autopsia omitieron las descripciones sobre el estado de los cadáveres. "Esto supone una ayuda al actuar del autor para dificultar su descubrimiento", indica el fallo.
Asimismo, considera probado que los oficiales no recibieron una orden de su superior para realizar de manera fraudulenta las autopsias, sino una "simple sugerencia", que fue seguida por los subordinados "sin oposición ni discusión, sino adhesión".
El juicio contó con la declaración de una veintena de testigos. Durante las sesiones, Navarro admitió que pudieron "bailarle" nombres y números en la relación de cadáveres que elaboró tras la catástrofe, aunque atribuyó los posibles "errores" a las autoridades turcas. Ramírez y Sáez, por su parte, se limitaron a señalar que siguieron las órdenes de su superior y que nunca dudaron del procedimiento que estaban llevando a cabo.
