MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
La justicia dio la razón en 2012 al actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Parla, Miguel Ángel López, que durante doce años fue alcalde de Torrejón de Velasco, tras una denuncia presentada por el empresario David Marjaliza, detenido este lunes en la 'Operación Púnica'.
Miguel Ángel López salió de Torrejón de Velasco para presentarse a las elecciones municipales del 2012 como candidato del PP en Parla. Siendo alcalde de este municipio, fue imputado por un Juzgado de Valdemoro a finales de 2011 por un pleito con una empresa constructora de la que era responsable el empresario Marjaliza.
Los tribunales pidieron al Consistorio que certificara dónde se encontraban 175.000 euros que la empresa dejó como fianza por una obra ejecutada en 2006 para construir viviendas en un solar municipal y que no fue devuelta.
Fuentes municipales han aclarado a Europa Press que la querella del empresario contra López venía por no devolverle esta fianza de una obra hasta que ésta "no estuviera correctamente terminada", ya que los técnicos municipales "certificaron que había desperfectos" y las viviendas "no estaban bien terminadas".
En un primer momento, el 22 de octubre de 2010, el Juzgado de Instrucción número 5 de Valdemoro inadmitió la querella presentada por el empresario, que sí fue admitida en una segunda ocasión. En este caso, en diciembre de 2012, dictó una resolución mediante la cual el magistrado decretaba el sobreseimiento de la causa y procedía al archivo de las actuaciones.
En el texto recogía que de lo actuado se desprendía que los hechos investigados "son constitutivos de infracción penal" si bien "no existen motivos suficientes para atribuir su perpetración" a alguna "persona determinada" y que, por ello, era "procedente" decretar el sobreseimiento de las actuaciones.
López, para que quedara claro su desimputación, volvió al juez a reclamar una aclaración. En este tercer fallo, dictado en febrero de 2013, el juez ratificaba el sobreseimiento: decretó el mismo al entender que no aparecía "debidamente justificada la perpetración del delito" que motivaba la formación de la causa.
