SEVILLA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Agricultura y Pesca en funciones, Martín Soler, subrayó la necesidad de seguir trabajando por una Política Agraria Común (PAC) "más simplificada", principalmente en la gestión y control de las ayudas directas y de determinadas medidas de desarrollo rural, con el objetivo de que se disminuyan los costes a agricultores y administraciones públicas. Todo ello, según apuntó, "sin que repercuta en la seguridad del buen uso de las ayudas".
Según un comunicado de la Administración andaluza, Soler hizo una especial mención a la necesidad de simplificar las normas de condicionalidad, así como la importancia de extender este esfuerzo de simplificación a otras políticas comunitarias relacionadas con el sector agroalimentario, como sanidad, medio ambiente o bienestar animal. Así, aseguró que es "fundamental" que se impulse la introducción de tecnologías de la información que faciliten la gestión a agricultores y administraciones, disminuyendo así costes y cargas innecesarias.
En este sentido, el consejero advirtió de que "la simplificación de la PAC no debe servir de pretexto para la eliminación de mecanismos de mercado o de ayudas de utilidad para el sector". De este modo, se refirió a la reducción de las normas de calidad en el sector de frutas y hortalizas, que "no constituye ningún avance ni coincide con la apuesta andaluza por las políticas de calidad en las producciones".
El consejero que expuso la postura de Andalucía en el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, celebrado hoy en Burgos, bajo la presidencia de la titular del Ministerio del Medio Ambiente y del Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, hizo referencia al acierto de algunas de las medidas específicas planteadas por la Comisión, como un plan de formación para funcionarios europeos que incluiría estancias en explotaciones para conocer la realidad de los sistemas agropecuarios mediterráneos.
No obstante, Soler señaló que estas acciones deben organizarse "conjuntamente" con los estados miembros para que se puedan escoger explotaciones representativas de las respectivas realidades regionales.
En el encuentro, en el que se han preparado los temas a tratar en el próximo Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE), que se celebrará en Luxemburgo los días 23 y 24 de abril, se ha abordado también un avance de la nueva clasificación europea para zonas desfavorecidas intermedias. La Unión Europea destina desde 1975 fondos adicionales a través del Programa de Zonas Desfavorecidas para garantizar el mantenimiento de la actividad agraria.
Con la clasificación vigente en la actualidad, 151 municipios andaluces están incluidos en la lista de ayuntamientos que perciben estas ayudas. La Comisión presentará en el próximo Consejo de Ministros su nueva propuesta de clasificación de zonas intermedias --no se verían afectadas las zonas montañosas ni las áreas con dificultades específicas--, previendo que, a partir del 1 de enero de 2010, entre en vigor un nuevo mapa europeo de Zonas Desfavorecidas. Según el sistema propuesto, la nueva delimitación se realizaría con criterios físicos, aunque permite a los estados miembros la inclusión de criterios de exclusión basados en aspectos socioeconómicos.
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha presentado a las comunidades autónomas una propuesta de criterios de exclusión. Con la aplicación de la misma, resultaría que 160 municipios andaluces (nueve más que con la clasificación anterior) y un total de 1.285.012 hectáreas (un 5,6% más), estarían dentro de la nueva delimitación.
De aprobarse este sistema quedarían incluidos en esta categoría once municipios --Setenil de las Bodegas de Cádiz; Cañete de las Torres de Córdoba; Paterna del Campo, Escacena del Campo, Campofrío y Calañas de Huelva; Cañete la Real y Teba de Málaga, y Villanueva de San Juan, Coripe y Fuentes de Andalucía de Sevilla--, mientras quedos --La Malahá de Granada y Villamanrique de la Condesa en Sevilla-- quedarían excluidos.
CONSULTIVO DE PESCA
Por su parte, el Consejo de Política Pesquera para Asuntos Comunitarios, que también se celebró hoy en Burgos, debatió la propuesta de la Comisión para dar un nuevo impulso sostenible al crecimiento de la acuicultura en la Unión Europea, con acciones para "mejorar la competitividad, sostenibilidad y la gobernanza del sector".
En este sentido, el consejero de Agricultura en funciones recordó las potencialidades con las que cuenta Andalucía en este sector, tanto en mar abierto como en espacios marítimos terrestres, donde se desarrolla como actividad tradicional y beneficiosacon el medio ambiente.
La acuicultura marina integra a casi cien empresas andaluzas, que alcanzan una producción de 8.000 toneladas (datos de 2007) por un valor en primera venta de 61 millones de euros. La acuicultura aporta el 42 por ciento del pescado fresco blanco de Andalucía. Las principales especies cultivadas son la dorada, lubina, lisa, lenguado, langostino y almeja.
Por otra parte, la Comisión va a publicar el 'Libro Verde sobre la reforma de la Política Pesquera Comunitaria', en el que se prevé que se proponga una revisión de la misma. En este sentido, el consejero mostró su apoyo a iniciativas con las que trabajar para consolidar y modernizar el sector, que además "sean capaces de afrontar los retos no resueltos con la actual política comunitaria, el agotamiento de las especies y la excesiva capacidad de pesca existente".
La reforma persigue, según el comisario Joe Börg, lograr mayores avances en el objetivo de la sostenibilidad ambiental y económica de la pesca a través de más controles y mejora de la gestión de las distintas pesquerías para favorecer la conservación de los recursos.
