EL EJIDO (ALMERÍA), 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Pleno de El Ejido (Almería) aprobó hoy por mayoría, con la abstención del PP, la moción presentada por la Comunidad 'Tierras de Almería' a los ayuntamientos del Poniente para que se sumen a su petición a la Agencia Andaluza del Agua (AAA) de declarar de uso público el suministro de los pozos que, según sentencia del Tribunal Supremo (TS) de diciembre de 2006, pertenecen al empresario Juan Cantón, aunque los comuneros tildaron de "descafeinado" el escrito llevado a la sesión plenaria.
El presidente del colectivo, José Antonio Fernández, indicó que la moción presentada es "más suave" que la que ellos redactaron porque no pide "contundentemente" que el agua de los pozos sea declarada de utilidad pública, sino que se limita a solicitar "la actuación" de la AAA.
No obstante los regantes agradecieron en un comunicado el apoyo prestado por PAL y PSOE a su propuesta, que también fue aprobada la semana pasada en el Ayuntamiento de Vícar, por unanimidad en este caso.
En cuanto a la abstención del PP de El Ejido, los agricultores dijeron "no saber" el motivo por el que este grupo "no apoya a las 800 familias de agricultores que tienen este problema debido a un error judicial" mientras que "sí respalda con su silencio a un terrateniente y futuro agua-teniente, tal vez por el miedo de su presencia en el Pleno o por intereses ocultos".
En 1991 Juan Cantón compró a Banesto los terrenos donde se hallan los 18 pozos y los fue vendiendo a los regantes, que terminaron de hacerse con ellos en 1995. Ese mismo año la entidad, según la Comunidad de Regantes, les vendió los pozos y las tuberías para que se gestionaran la tierra. Las propias escrituras de compra-venta recogen, como afirman los comuneros, que los agricultores tienen derecho a la explotación y gestión de los pozos y a la entrada en la Comunidad de Regantes que, en ese momento, estaba en fase de constitución.
Sin embargo, Cantón, al saber que Banesto estaba comercializando los pozos de los terrenos, demandó a la entidad bancaria y reclamó que los pozos eran suyos, lo que derivó en un proceso judicial que concluyó con la sentencia del TS de finales de 2006 que otorga a este último la propiedad.
