ALMERÍA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
El PP de Almería solicitará al Gobierno central "garantías" acerca del cumplimiento de las disposiciones para la conservación del patrimonio natural en la Bahía de la capital y el litoral de Cabo de Gata contenidas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del tramo submarino del gasoducto entre Argelía y España, que promueve el consorcio Medgaz y cuyo tendido comenzó el pasado mes de abril.
En una pregunta remitida a la Presidencia del Senado, que recoge Europa Press, se cuestiona el impacto que la infraestructura podría tener en el paraje marino conocido como 'Canto de Monsul' y en aguas del parque natural Cabo de Gata-Níjar ya que parte del trazado discurre a "unas tres millas" del espacio protegido.
El PP se hace eco en su interpelación, asimismo, de las reivindicaciones del sector pesquero de la provincia, que en la actualidad negocia con Medgaz compensaciones por las "posibles pérdidas" generadas por la construcción del tramo submarino del gasoducto, cuya entrada de gas a la península se hará por la playa de El Perdigal, en la barriada capitalina de El Alquián.
Al hilo de esto, la senadora María del Mar Agüero reconoció, en declaraciones a Europa Press, la "buena disponibilidad" del consorcio y la labor mediadiora de la Subdelegación del Gobierno en Almería y Junta de Andalucía pese a lo cual aseguró que ésto "no exime" al Ejecutivo de indemnizar al sector pesquero "por las molestias relevantes y menos relevantes" que, tal y como recoge la DIA, se produciran durante los meses que dure la construcción del gasoducto en el sector cercano a la costa y en el sector de alta mar"
Agüero recordó asimismo que los pescadores e industria transformadora, quienes ya alertaron de la "repercusión negativa" que podría tener el tendido de la tubería sobre los caladeros de gamba roja y otras especies, deberían tener un interlocutor durante la citada según marca la declaración de impacto, por lo que solicita que aclare "si, de nombrarse, la competencia correspondería al Ejecutivo o a Medgaz".
Por último, la pregunta escrita elevada a la Presidencia del Senado cuestiona el amparo legal del sector ante una restricción de actividad extractiva en la zona y pide una "garantía formal" de que el funcionamiento del gasoducto "no significará la pérdida de empleos y generación de riqueza".
