ALMERÍA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma de Afectados de Rambla Morales, que agrupa a un 70 por ciento de los 650 regantes adscritos a la comunidad de regantes de la zona, y Asaja-Almería exigieron hoy la dimisión del presidente de los comuneros, Antonio García Pardo, al que atribuyen una "nefasta gestión" de la desaladora de titularidad privada construida por el colectivo y anunciaron un acción de protesta ante la instalación para el próximo día 3.
En rueda de prensa, el presidente de la plataforma, Juan Garrido, y el responsable de la organización agraria, Francisco Vargas, detallaron que las modificaciones al proyecto introducidas por la comunidad de regantes ha derivado en un incremento del precio del metro cúbico de agua desalada de 57 a 98 euros, que "no están subvencionados".
Al hilo de esto, aludieron a la decisión de duplicar los 30.000 metros cúbicos de agua desalada de producción inicialmente prevista y que, por tanto, "contaba con subvención de la Junta de Andalucía" y señalaron el contrasentido del cambio, "totalmente innecesario" según remarcaron, cuando "sólo se habían reservado 5.000 metros cúbicos, de los que un diez por ciento era para el sector de la construcción y ahora, por tanto, se puede ir olvidando".
En esta línea, acusaron a García Pardo de autorizar derramas no justificadas para una infraestructura que, según afirmaron, "debería haber estado operativa al cien por ciento en septiembre de 2007", que ha precisado generadores alquilados para poder desalar y que, desde hace un mes, no funcionan "porque la empresa arrendataria se niega a suministrar gasoil hasta que no se le abone lo que se le debe".
Tras apuntar a una "falta de liquidez económica" en el seno de la comunidad de regantes, la plataforma lamentó que los regantes, pese a no estar recibiendo agua, "no saben lo que tendrán que pagar por la que ya han recibido ya que no el presidente no convocó en abril la asamblea para la rendición de cuentas".
La Plataforma de Afectados de Rambla Morales presentó en abril una moción de censura contra la Junta Directiva de la Comunidad de Regantes, una medida con la que, según Francisco Vargas, presidente de Asaja en Almería, pretendían que "se liberase a los regantes de unas cargas económicas con las que nunca han estado de acuerdo" aunque la asamblea en la que debía haberse votado nunca llegó a convocarse.
