22 de octubre de 2019
4 de abril de 2008

Almería.-Tribunales.-El alcalde de Zurgena (PA) achaca su detención a una "trama de acoso del PSOE"

La juez matiene los cargos de prevaricación, cohecho y delito contra la ordenación del territorio para Trabalón y el concejal de Urbanismo

HUÉRCAL-OVERA (ALMERÍA), 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zurgena (Almería), Cándido Trabalón (PA) achacó hoy su detención en el marco de la operación 'Costurero' por presuntas irregularidades urbanísticas a una trama de "acoso del PSOE" que, según desveló, le ha hecho sentir en las últimas 48 horas "vergüenza ajena de las instituciones que tenemos" pese a que la titular del Juzgado de Instrucción número dos de Huércal-Overa decretó para él y el concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras (PA) libertad sin fianza pero con los cargos de prevaricación, cohecho y contra la ordenación del territorio.

En declaraciones a los periodistas a su salida de dependencias judiciales, Trabalón se mostró convencido de que tanto su arresto como el de Tijeras, dos arquitectos --Francisco Salvador y Carlos Berbel-- y los promotores inmobiliarios Tomás Zurano y Antonio López se debe a su no militancia en las filas del partido socialista y calificó de "imperdonable" su paso por los calabozos de la Guardia Civil de Almería, ante la que ayer se negó "rotundamente" a prestar declaración.

Tras emplazar a una rueda de prensa la próxima semana en la que darán a conocer "todos los detalles de este caso", el primer edil zurgenero aseguró que las acusaciones vertidas por el Ministerio Público son "películas de ciencia ficción" y minimizó los hechos por los que ha sido imputado ya que no es tanto como se dice porque estamos en la calle", aunque con obligación de personarse en el juzgado una vez al mes.

APOYO VECINAL.

Trabalón agradeció, asimismo, "emocionado y orgulloso" el apoyo del centenar de vecinos que se agolpaban a las puertas del edificio judicial de Huércal-Overa y que, junto a familiares, recibieron con aplausos, besos y abrazos la salida en libertad tanto del primer edil como de Manuel Tijeras, cuarto en prestar declaración y el más esquivo con la prensa ya que se limitó a afirmar tener la "conciencia muy tránquila ante hechos que sólo perseguían", según subrayó, El beneficio de todo el pueblo"

La jueza Pilar Alfonso Rodríguez decretó, asimismo, libertad con los cargos de prevaricación urbanística para el arquitecto Francisco Salvador y el aparejador municipal, Carlos Berbel, por su supuesta implicación en la autorización municipal para la construcción de alrededor de un millar de viviendas sobre suelo rústico en el municipio. Ambos prestaron declaración durante alrededor de una hora y media, previamente a la entrada en sala de Cándido Trabalón

En estos momentos, dan testimonio de los constructores Antonio López y Tomás Zurano, este último, presidente del Grupo Dizu y del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop).

A todos se les detuvo entre el pasado día 2 y madrugada del día 3 por la presuta comisión de los delitos de prevaricación, cohecho y contra la ordenación del territorio tras una investigación abierta en 2006 por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), que derivó en la incoación de diligencias por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente y el Juzgado de Instrucción número dos de Huércal-Overa.

Dentro de la denominada operación 'Costurero' se efectuaron también distintos registros en domicilios y empresas de Albox, Garrucha, la capital y Zurgena, en cuyo ayuntamiento los agentes del Grupo de Delitos Urbanísticos intervinieron diverso material informático y documentación.

También prestaron declaración, en este caso ante los agentes del Grupo de Delitos Urbanísticos de la Comandancia de Almería, la ex secretaria del Ayuntamiento de Zurgena, ya jubilada y que debido a lo avanzado de su edad -70 años_fue puesta en libertad, al igual que la funcionaria que ocupa ese mismo cargo en la actualidad, quien tampoco fue detenida.

DILIGENCIAS DESDE 2006.

Tanto el primer edil como el concejal de Urbanismo ---quienes se presentaron a la reelección en las elecciones municipales de 2007 en las que alcanzaron la mayoría absoluta con ocho de los once concejales-- fueron citados a declarar en relación con este caso en enero de 2007 aunque en calidad de testigos.

La juez investigaba, tal y como sostiene el ex Fiscal de Medio Ambiente, Juan Sánchez, si se produjo la comisión de delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio en la autorización municipal a seis promociones de viviendas ejecutadas por cuatro empresas en pedanías del municipio.

Algunas de ellas se encuentran paralizadas como medida cautelar después de que la Junta de Andalucía impugnase ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía las licencias municipales que el Consistorio ratificó por silencio administrativo pese a la solicitud de revisión tramitada por la delegación provincial de Obras Públicas. El Ayuntamiento de Zurgena (Almería) aprobó en febrero de 2007 la delimitación de suelo urbano (DSU) del término municipal que situaba dentro de esta calificación las más de 1.000 viviendas denunciadas ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial por el Seprona de la Guardia Civil e impugnadas por la Junta de Andalucía.

El documento, aprobado en pleno con la abstención de los ediles en la oposición, fija en 358 hectáreas el suelo urbano de Zurgena y declara urbanizables más de 122 hectáreas en la pedanía de Carasoles-Cucador y otras 111,50 hectáreas en La Alfoquía donde, según el atestado del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, se detectaron cerca de 350 viviendas construidas sobre suelo rústico.

Las otras pedanías donde se detectaron irregularidades --hasta otras 600 residencias-- también vieron incrementada la extensión de suelo urbano. En Los Llanos del Peral adquirieron esta calificación sus 390.000 metros cuadrados de suelo mientras que en Los Menchones la superficie alcanzó los 142.800 metros cuadrados.

La propia comisión de Peticiones del Parlamento Europeo concluyó en el informe elaborado a raíz de su visita a la comarca del Almanzora y al Levante almeriense en febrero de 2007 que las autoridades provinciales de Almería "reconocieron" que "un número de autoridades municipales han actuado incorrectamente", por lo que muchos alcaldes están siendo procesados y también que "en muchos casos, considerables sumas de dinero se generaron de estas prácticas ilegales".