24 de febrero de 2021
4 de abril de 2008

Almería.-Tribunales.- Decretan libertad con cargos para los arquitectos detenidos por corrupción urbanística en Zurgena

Los seis imputados, entre ellos el alcalde y el edil de Urbanismo (PA), deberán personarse ante el juzgado una vez al mes

HUÉRCAL-OVERA (ALMERÍA), 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los seis detenidos en el marco de la operación 'Costurero' contra la corrupción urbanística en Zurgena (Almería) quedaron hoy en libertad con cargos tras declarar en el Juzgado de Instrucción número dos de Huércal Overa, donde los últimos en prestar testimonio ante la juez Pilar Alfonso Rodríguez fueron los promotores inmobiliarios Tomás Zurano y Antonio López para los que se mantiene la imputación por presuntos delitos de cohecho y contra la ordenación del territorio.

En declaraciones a los periodistas en el exterior de las dependencias judiciales, el letrado de la defensa de López, Rafael Salinas, precisó que a Zurano --el único implicado que abandonó el lugar por una puerta trasera, donde le esperaba un vehículo de marca Mercedes-- el auto le acusa además de desobediencia por no acatar la medida cautelar que le obligaba a paralizar la construcción de varias viviendas.

Salinas, quien calificó la detención de su patrocinado junto al alcalde de Zurgena, Cándido Trabalón (PA), el concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras (PA) y los arquitectos Francisco Salvador y Carlos Berbel de "golpe de efecto", concretó los hechos sobre los que la juez mantiene el secreto sumarial hacen referencia a todas las promociones inmobiliarias en el municipio desde 2004, las mismas --ahondó-- sobre las que pesa impugnación por parte de la Junta de Andalucía.

Al hilo de esto, subrayó que las más de 1.000 viviendas sobre las que recae la sospecha pertenecen a 25 empresas de las que, tan sólo dos --propiedad de los empresarios imputados--, parecen tuvieron trato de favor cuando, en realidad, según aseguró, "se podrá demostrar que las licencias están concedidas con el mismo rasero aplicado a los promotores de fuera de la provincia".

La acusación de presunto cohecho para Antonio López, quien salió del juzgado con una mezcla de "alivio y vergüenza ante cómo se llevó a cabo la detención, deriva del uso de varios vehículos de su empresa por parte del concejal de Urbanismo que Salinas calificó de "favor entre amigos" ya que a éste último "se le había averiado su turismo".

"ACOSO DEL PSOE".

Tras quedar en libertad sin fianza pero los cargos de prevaricación urbanística, cohecho y contra la ordenación del territorio, el alcalde achacaba la operación a una trama de "acoso del PSOE" que, según desveló, le ha hecho sentir en las últimas 48 horas "vergüenza ajena de las instituciones que tenemos".

En la misma situación quedó el concejal de Urbanismo, quien compareció ante la jueza después de Trabalón y sin haber prestado declaración previa en la Comandancia de la Guardia Civil de Almería por decisión propia, al igual que el arquitecto Francisco Salvador y el aparejador Carlos Berbel.

Trabalón agradeció, asimismo, "emocionado y orgulloso" el apoyo del centenar de vecinos que se agolpaban a las puertas del edificio judicial de Huércal-Overa y que, junto a familiares, recibieron con aplausos, besos y abrazos tanto su salida en libertad como la de Tijeras, el más esquivo con la prensa ya que se limitó a afirmar tener la "conciencia muy tranquila ante hechos que sólo perseguían", según subrayó, "el beneficio de todo el pueblo"

La magistrada Pilar Alfonso Rodríguez decretó, asimismo, libertad con los cargos de prevaricación urbanística y delito contra la ordenación del territorio Salvador y Berbel, quien se encargaba "puntualmente" de emitir informes sobre la provisión de servicios en las parcelas a urbanizar.

A todos, que deberán comparecer ante el juzgado una vez al mes, se les detuvo entre el pasado día 2 y madrugada del día tras una investigación abierta en 2006 por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), que derivó en la incoación de diligencias por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente.

Se efectuaron también distintos registros en domicilios y empresas de Albox, Garrucha, la capital y Zurgena, en cuyo Ayuntamiento los agentes del Grupo de Delitos Urbanísticos intervinieron diverso material informático y documentación.

También prestaron declaración, en este caso ante los agentes del Grupo de Delitos Urbanísticos de la Comandancia de Almería, la ex secretaria del Ayuntamiento de Zurgena, ya jubilada y que debido a lo avanzado de su edad -70 años_fue puesta en libertad, al igual que la funcionaria que ocupa ese mismo cargo en la actualidad, quien tampoco fue detenida.

DILIGENCIAS DESDE 2006.

Tanto el primer edil como el concejal de Urbanismo ---quienes se presentaron a la reelección en las elecciones municipales de 2007 en las que alcanzaron la mayoría absoluta con ocho de los once concejales-- fueron citados a declarar en relación con este caso en enero de 2007 aunque en calidad de testigos.

La juez investigaba, tal y como sostiene el ex Fiscal de Medio Ambiente, Juan Sánchez, si se produjo la comisión de delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio en la autorización municipal a seis promociones de viviendas ejecutadas por cuatro empresas en pedanías del municipio.

Algunas de ellas se encuentran paralizadas como medida cautelar después de que la Junta de Andalucía impugnase ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía las licencias municipales que el Consistorio ratificó por silencio administrativo pese a la solicitud de revisión tramitada por la delegación provincial de Obras Públicas. El Ayuntamiento de Zurgena (Almería) aprobó en febrero de 2007 la delimitación de suelo urbano (DSU) del término municipal que situaba dentro de esta calificación las más de 1.000 viviendas denunciadas ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial por el Seprona de la Guardia Civil e impugnadas por la Junta de Andalucía.

El documento, aprobado en pleno con la abstención de los ediles en la oposición, fija en 358 hectáreas el suelo urbano de Zurgena y declara urbanizables más de 122 hectáreas en la pedanía de Carasoles-Cucador y otras 111,50 hectáreas en La Alfoquía donde, según el atestado del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, se detectaron cerca de 350 viviendas construidas sobre suelo rústico.

Las otras pedanías donde se detectaron irregularidades --hasta otras 600 residencias-- también vieron incrementada la extensión de suelo urbano. En Los Llanos del Peral adquirieron esta calificación sus 390.000 metros cuadrados de suelo mientras que en Los Menchones la superficie alcanzó los 142.800 metros cuadrados.

La propia comisión de Peticiones del Parlamento Europeo concluyó en el informe elaborado a raíz de su visita a la comarca del Almanzora y al Levante almeriense en febrero de 2007 que las autoridades provinciales de Almería "reconocieron" que "un número de autoridades municipales han actuado incorrectamente", por lo que muchos alcaldes están siendo procesados y también que "en muchos casos, considerables sumas de dinero se generaron de estas prácticas ilegales".