La vista se ha pospuesto hasta el 21 de abril por la incomparecencia de cinco de los 19 acusados
ALMERÍA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -
La defensa de M.P.L., C.A.P.J. y M.G.M., los tres guardias civiles acusados de colaborar con una red de narcotráfico que trató de desembarcar al menos diez toneladas de hachís en la costa almeriense, pedirá su libre absolución al entender que su implicación en los hechos se deriva de una serie de circunstancias "fruto del azar".
Así lo reveló tras la suspensión del juicio el letrado de la defensa de uno de los tres agentes imputados, quien precisó que los tres funcionarios sirven a la Guardia Civil desde hace "muchísimos años" y que pesan sobre ellos "indicios" y no una "realidad acusatoria" ya que "lo único que hacían era cumplir su misión".
No obstante mostró su confianza en que las pruebas testificales y periciales demuestren que M.P.L., sargento del cuartel de Roquetas de Mar (Almería), y los agentes C.A.P.J. y M.G.M., de baja en el momento de la supuesta cooperación con la trama, no tienen ninguna vinculación con los narcotraficantes.
Aunque lamentó que sentarse en el banquillo "es ya un agravio", el abogado manifestó su "tranquilidad" por la "gran profesionalidad" de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Almería, que juzga los hechos, y por la "garantía" de que las pruebas llevarán a un "resultado satisfactorio".
El presidente de la Sala, Benito Gálvez, ordenó posponer el juicio al no comparecer en la primera sesión de la vista oral, fijada para hoy, cinco de los 19 presuntos miembros de la banda y dictó orden de busca y captura, además de la determinación de las circunstancias de la fianza, contra tres de ellos, P.J.G.R., J.A.D.V. y H.F.E., en este último caso internacional al ser ciudadano de nacionalidad holandesa.
Los letrados de la defensa se adhirieron a la petición del Ministerio Fiscal, que abogó por celebrar el juicio con al menos los otros dos ausentes de hoy --que alegaron enfermedad y presencia del letrado en otro juicio--, por lo que el magistrado fijó el 21 de abril como nueva fecha para el inicio de las sesiones.
El Ministerio Fiscal pide un total de 17 años y medio de cárcel para los tres guardias civiles como supuestos autores de delitos contra la salud pública, omisión del deber de perseguir delitos y violación de secretos. En total, los 19 presuntos miembros de la organización se enfrentan a 93 años de prisión por delitos contra la salud pública y tenencia ilícita de armas.
HECHOS.
Los hechos juzgados se remontan al periodo comprendido entre febrero y octubre de 2001 cuando los hermanos A.S.S., residente en Marbella (Málaga), y M.S.S., vecino de Motril (Granada), cabecillas de la red, organizaron, de común acuerdo con otras personas, la introducción de importantes cantidades de hachís desde la costa norte de Marruecos con embarcaciones tipo 'zodiac' a diferentes lugares de la geografía peninsular para su posterior distribución y comercialización en España o en la Unión Europea (UE).
Para sus ilícitas actividades, contactaron en Marruecos con el imputado H.M.M., que participaba en el suministro de la droga y organizaba el embarque en la costa marroquí, normalmente en la zona conocida como la Mar Chica.
En Almería, los cabecillas contactaron con los procesados J.M.F., J.M.S. F.J.M.J. y J.F.C.L., todos vecinos del Poniente, que participaban, en un nivel menor, en la organización del transporte de hachís tanto por vía marítima como por tierra una vez desembarcado, se proveían de personas para la descarga de la sustancia estupefaciente y se ocupaban de su almacenaje y posterior traslado a los puntos de destino.
En la trama, según el fiscal, tomaron también parte P.J.B.R. y J.B.P., afincados en Galicia y cuya labor consistía en contribuir a la organización de los transportes de hachís y pilotar en ocasiones las embarcaciones que se empleaban.
OPERACIONES.
Para lograr sus fines, los acusados mantuvieron varias reuniones en distintos puntos del sureste, como Melilla, y planificaron varias operaciones, en las que lograron al menos dos veces la introducción de hachís sin ser interceptados.
El primer 'pase' de hachís del que se tiene constancia se remonta al 27 de junio de 2001 cuando P.J.B.R. y J.B.P. se vieron obligados a tirar al mar la sustancia estupefaciente en las proximidades de Motril (Granada) por avería en la 'zodiac' que pilotaban, tras lo que fueron rescatados por Salvamento Marítimo.
Posteriormente, la noche del 27 al 28 de agosto, la banda intentó desembarcar unas cinco toneladas de hachís en la costa de Roquetas de Mar, una operación que fue abortada por la presunta advertencia de los tres guardias civiles imputados de la presencia de miembros del Grupo de Investigación Fiscal y Antidroga (GIFA) de la Guardia Civil.
La red logró sin embargo alijar no determinada de droga en la madrugada del día 26 de septiembre en la costa entre Roquetas de Mar y la urbanización de Aguadulce, donde el GIFA intervino siete sacos que contenían 211.541,7 kilos de hachís, que habrían superado los 53 millones de las antiguas pesetas en el mercado.
Al ser sorprendidos por los agentes, los porteadores, los también acusados C.C.C. y J.A.D.V., de origen gallego, huyeron con parte de la mercancía y tiraron al mar unos cien fardos, que, junto a los anteriores, elevan a una cuatro toneladas la cantidad de hachís que pretendían desembarcar esa noche. En las labores de descarga intervinieron también los imputados M.C.E., F.A.R., S.S.M. y L.H.T., residentes en Andújar (Jaén).
Por último, el día 6 de octubre de 2001 agentes del GIFA interceptaron en el kilómetro 21 de la N-340, en dirección Murcia, un camión con matrícula holandesa, conducido por el acusado H.F.E., que transportaba 31 sacos en la parte delantera del vehículo y una bolsa en el interior de la cabina que arrojaron un peso de 964,816 kilos y diez kilos de hachís respectivamente, con un valor conjunto aproximado de 273.414.000 de las antiguas pesetas.
