ALMERÍA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha anunciado este viernes que el Ayuntamiento va a participar en la financiación del servicio de dependencia que se presta a través del Consistorio con el nuevo pliego de condiciones en el que se trabaja para licitar nuevamente el servicio financiado entre la Junta de Andalucía y el Estado al tiempo que se van a "mejorar las condiciones" a través de las cláusulas sociales.
Así lo ha anunciado durante el pleno ordinario celebrado este viernes en el debate de una moción elevada por el grupo municipal del PSOE que ha contado con una representación de las trabajadoras de este servicio, quienes a través de sus preguntas posteriormente han reivindicado una mejora salarial y de sus condiciones de trabajo, ya que, según afirman, muchas de ellas --el 95% del colectivo lo integran mujeres-- perciben un sueldo que no llega al salario mínimo interprofesional.
El primer edil se ha mostrado de acuerdo en incluir nuevas "cláusulas sociales" y de "mejorar las condiciones laborales" de las trabajadoras con el nuevo pliego de condiciones con el que licitar el servicio, sentido en que "se trabaja en informes técnicos" que permitan asentar las nuevas determinaciones del contrato.
En esta línea, ha hecho un llamamiento a la paciencia ya que hay que "trabajar mucho" para conseguir la adecuación de los informes previos. "No siempre salen del gusto que a uno le gustaría", ha apuntado el primer edil al respecto antes de puntualizar que adoptar una medida al respecto "con inmediatez" habría resultado "contraproducente" para los intereses de las empleadas. "Os pido disculpas si no hemos sabido comunicarlo bien desde el primer momento", ha añadido Fernández-Pacheco ante las trabajadoras del servicio de dependencia presentes en el pleno.
No obstante, el alcalde se ha mostrado claro a la hora de indicar que, por el momento, no será posible determinar cuánto van a cobrar las empleadas del servicio de dependencia. "Lo fácil sería venir aquí y decir cuánto, pero eso no se puede hacer. Y los que digan que sí se puede, os están engañando", ha dicho el regidor, quien ha criticado a quienes tratan de "colgarse medallas" con este asunto.
Sobre el pago del servicio, la concejal socialista Inés Plaza ha apuntado en su intervención que la comunidad andaluza abona en estos momentos hasta 13 euros por el servicio que gestionan los municipios dentro de la Ley de Dependencia y que "no se le puede asfixiar más", ya que sostiene el 80 por ciento de la cofinanciación que realiza junto con el Estado.
Con ello, ha explicado que en los ayuntamientos de Sevilla y Córdoba "completan la financiación que reciben por parte de la Junta de Andalucía para este servicio y pagan 16,60 euros por hora". La iniciativa, que ha sido aprobada por unanimidad, contemplaba la posibilidad de financiación con fondos propios del Ayuntamiento para la mejora de las condiciones laborales y salariales de las trabajadoras así como la inclusión en las cláusulas del pliego de contratación de una serie de criterios de valoración para aquellas ofertas de empresas que contemplen mejoras en las condiciones laborales de la plantilla.
OFICINAS PERIFÉRICAS
También se ha aprobado por unanimidad la moción impulsada por los socialistas para reclamar presencia policial "permanente" en cada una de las oficinas de barrio durante el horario de atención al público para "evitar incidentes que ponen en peligro la seguridad de usuarios y trabajadores municipales", así como para dotarlas de medios humanos y materiales y garantizar su accesibilidad.
La moción, que también se planteó en octubre de 2015 por los socialistas, ha sido aceptada por el equipo de gobierno, cuya concejal delegada de Personal, Lola de Haro, ha explicado que actualmente se trabaja en un reglamento de segunda actividad para incorporar policías a las oficinas, de modo que, por el momento, se "distribuirán de la mejor forma posible" los efectivos con actuaciones "prioritarias" en los barrios de La Cañada, El Alquián y Cabo de Gata.
"La atención al publico es complicada en ocasiones y se pueden producir episodios puntuales que los trabajadores resuelven con gran profesionalidad", ha reconocido la edil popular, después de que la concejal del PSOE le recriminara que después de darse un conflicto en la oficina de Cabo de Gata el 22 de noviembre, se diera orden de vigilar estos espacios de forma "esporádica e itinerante" que, posteriormente, fue corregida en relación a las oficinas más lejanas al casco histórico.
Aún así, según ha abundado Rumí, "en un mes" la oficina de La Cañada habría contado con nueve días de vigilancia permanente, 12 la del El Alquián y seis días la de Cabo de Gata, según sus datos. "Vamos a dar una propuesta más: los cinco policías que actúan como conductores de los concejales dediquenlos a la protección de trabajadores y usuarios", ha sugerido.
APOYO A LA TAPA
El pleno, cargado de mociones por parte de los grupos, ha contado aprobado dos iniciativas de carácter institucional para los actos del 28F y para reclamar el apoyo a la Declaración de Interés Turístico de
Andalucía de 'la tapa de Almería y sus rutas'. También se ha aprobado por unanimidad y sin debate el acuerdo de establecimiento del precio público por utilización del servicio público de alquiler de bicicletas, que contarán con un precio de un euro por cada 30 minutos de uso y un bono de tarifa plana por 40 euros.
También ha salido adelante con la abstención de Cs, el voto en contra de PSOE e IU y el voto a favor del PP la moción de los populares para apoyar y defender la prisión permanente revisable, lo que ha suscitado un debate en torno a la oportunidad de impulsar esta moción y los supuestos intereses de carácter electoralista que, según PSOE e IU, se han dado tras el impulso a este texto por parte del PP para diferenciarse de la formación naranja.
Unánime ha sido también el apoyo de los grupos a las mociones de Cs en apoyo a la equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil con respecto a las policías autonómicas y a la realización de un convenio urbanístico de gestión para los viales y caminos públicos del Cortijo Córdoba y de un plan sistemático de actuaciones en la zona tras las precisiones efectuadas por el equipo de gobierno, que ha anunciado una encomienda de gestión a Almería XXI para efectuar un censo de propietarios y avanzar en un plan especial de reforma interior (PERI) que permita acometer inversiones con posterioridad en una zona "muy complicada" con 80 construcciones que "hay que desalojar y echarlas abajo" por ubicarse en dominio público.
El pleno ha dado 'luz verde' también a una moción de IU en defensa del patrimonio que el primer teniente alcalde, Miguel Ángel Castellón, ha aprovechado para anunciar que el Ayuntamiento pretende invertir seis millones de euros en la adecuación del entorno de La Alcazaba, La Hoya y en el Cerro de San Cristóbal; si bien la intervención del portavoz de IU reclamaba la limpieza y puesta en valor de los torreones de La Chanca y Pescadería, sobre los que el gobierno local no se ha pronunciado, por lo que el edil de IU ha señalado que acudirá a los tribunales para denunciar su falta de mantenimiento.
