ALMERÍA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha exigido al Gobierno central que lleve como "medida urgente" al próximo Consejo de Ministros los cambios legislativos precisos en el decreto ley de desahucios y en el Código de Buenas Prácticas para impedir que las entidades financieras que hayan recibido dinero público puedan ejecutar desahucios así como para permitir la dación de la vivienda en pago y el alquiler social.
Cortés se ha pronunciado así después de que la vicepresidenta del Gobierno y portavoz, Soraya Saénz de Santamaría, mostrara la "consternación" del Ejecutivo por el caso en Granada de un hombre de 54 años que se ahorcó antes de ser desahuciado y no descartara "dar una nueva vuelta de tuerca" tanto al decreto ley como al Código de Buenas Prácticas recientemente aprobados y que pretendían precisamente hacer frente al problema de los desahucios e impagos hipotecarios.
En declaraciones a los periodistas en Almería, la titular andaluza de Fomento ha incidido en que "el Gobierno tiene la sartén por el mango, es el que puede cambiar las leyes, así que no es que no descarte, sino que debe de ser una medida urgente en el próximo Consejo de Ministros si quiere ser un Gobierno que responda a una situación de emergencia social".
La consejera cree que "es de justicia" atender a las familias tras haber cubierto "las necesidades de los bancos atendiendo su rescate" y que además, esta atención tiene que partir de la "voluntad política" y no de la "caridad" de ningún gobierno. "Las familias no deben tener vergüenza ni sentirse culpables, vergüenza debe sentir un gobierno que consiente y permite esto porque no es capaz de cambiar las leyes", ha ahondado Cortés.
En una reunión con colectivos sociales de afectados por la hipoteca, la consejera andaluza ha afirmado que la Junta trabaja ya en un convenio mediante el que quiere involucrar a los ayuntamientos a través de sus empresas municipales de vivienda que permita poder realojar a las familias afectadas por el embargo de sus casas.
Asimismo, ha valorado la puesta en marcha de la oficina de mediación por parte de la Junta, que, en el caso de Almería, ha atendido ya 27 casos y ha permitido paralizar una orden de desahucio que pesaba sobre una familia residente en el barrio de Pescadería de la capital. Cortés ha explicado que esta herramienta tiene como objetivo asesorar preventivamente, intermediar ante el primer aviso de impago desde el lado del particular y realojar en caso de no haber podido parar el desahucio.
