ALMERÍA, 7 May. (EUROPA PRESS) -
El juez instructor del caso 'Facturas' toma este jueves declaración a los diez nuevos imputados por el presunto desvío de más de 400.000 euros de dinero público en el Patronato de Turismo con la emisión de facturas "ficticias', entre los que figuran los administradores de tres agencias de viajes, una empresa de rutas guiadas por Cabo de Gata, y de una empresa dedicada a la tecnología y las comunicaciones móviles.
También deben comparecer en sede judicial el exasesor de Diputación y socialista Juan Antonio Bisbal, José Andrés Soler y la hija de la exsecretaria delegada del ente María Teresa González, a quien el juez impuso una fianza 12.000 euros tras la primera ronda de declaraciones realizada en junio a raíz de la denuncia de la Fiscalía que dio lugar a la incoación de las diligencias previas por presunta malversación de caudales públicos y falsedad.
Los empresarios imputados son administradores de Viajes Viconos, Grupo J126, Sportur Agencia de Viajes Vertical, Viajes Bernardo, Tecnología y Comunicaciones Móviles.
Los últimos informes de la Policía Judicial incorporados a la causa les atribuyen la facturación "aparentemente irregular" de bienes y servicios al Patronato por importes superiores a 4.000 euros. Con respecto a los otros tes imputados, esos mismos informes recogen que "pudieron disfrutar de bienes y servicios con cargo al Patronato sin justificación aparente alguna y sin tener, en principio, relación con el mismo".
Se trata de la tercera jornada de las cuatro de declaraciones ordenadas por el magistrado Luis Durbán en un auto en el que citaba a declarar a 41 testigos y a 19 imputados. La primera jornada, en la que debían declarar en calidad de testigos el expresidente de la Diputación, el socialista Juan Carlos Usero y la diputada provincial del PSOE Caridad Herrerías se aplazó por "necesidades de orden interno de organización y gestión del juzgado" a los días 16 y 23 de mayo.
Para el viernes, está prevista la nueva comparecencia de las nueve personas que ya estaban imputadas en la causa debido a la ampliación de la imputación de hechos de apariencia delictiva que se hace sobre ellos. En este último caso se encuentran el exvicepresidente de la Diputación Luis Pérez (PSOE), en libertad bajo pago de una fianza de 12.000 euros, y el exgerente del Patronato Francisco Iglesias.
Entre los 41 testigos que han pasado y deben pasar por el juzgado, los informes elaborados por la Policía Judicial adscrita a la Fiscalía Superior de Andalucía señalan a 23 que también podrían haber disfrutado de bienes y servicios con cargo al Patronato de Turismo "sin justificación aparente alguna", lo que supone que habrían incurrido en un posible delito de malversación aunque, matiza, ya prescrito.
Según explicaba el juez en su auto, en la "mayor parte" de los casos han transcurrido más de tres años desde su comisión, en concreto hasta diciembre de 2010, y las cuantías de las facturas no superan los 4.000 euros, por lo que estimó que les sería de aplicación el subtipo atenuado del artículo 432.3 del Código Penal para decidir no dirigir la causa contra ellos y citarlos a declarar en calidad de testigos.
"Aunque el plazo de prescripción no forma parte del tipo penal, lo cierto es que merece la consideración de ley penal a los efectos analizados pues del mismo depende, a la postre, la aplicación práctica de los tipos", sostenía, si bien dejaba la puerta abierta a que la administración perjudicada, en este caso la Diputación Provincial, pueda ejercitar acciones por la vía civil contra ellos.
DENUNCIA
El actual equipo de gobierno de la Diputación (PP) remitió en enero de 2013 a la Fiscalía un expediente en el que se incluían facturas por un valor de 44.500 euros abonadas por el Patronato de Turismo y correspondientes a distintos viajes en los que, según los primeros datos, o bien "no viajó nadie" o "bien se contrataron bajo el nombre de trabajadores del patronato que no los realizaron".
Con posterioridad a esta denuncia, desde la Diputación de Almería se remitieron al juzgado otras 99 facturas por valor de cerca de 400.000 euros y sobre viajes supuestamente realizados durante las mismas fechas. Esta última aportación fue detectada a raíz del informe policial que llevó a la Fiscalía Provincial a formular denuncia.
