ALMERÍA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los abogados defensores de los 21 imputados en el caso 'Facturas', por el que se investiga la gestión en el Patronato de Turismo de Almería entre los años 2009 y 2010 y la presunta malversación de unos 450.000 euros mediante facturas "ficticias", ha presentado un recurso ante el juez instructor para pedir la práctica de nuevas pruebas ante el cierre la investigación judicial.
Así lo han indicado a Europa Press varias fuentes jurídicas, quienes han criticado la "celeridad" con la que se que ha cerrado la instrucción del caso después de que el juez el magistrado Luis Durbán dictara un auto en el que ordena el procesamiento de 21 personas, entre ellas el exvicepresidente de la Diputación, el socialista Luis Pérez, y traslada a la Fiscalía que, si procede, solicite la apertura de juicio oral y formule escrito de acusación.
Las partes han solicitado que se tenga en cuenta la práctica de nuevas pruebas que el juez ya denegó con anterioridad pero que, según las defensas, resultan "clave" a la hora de valorar el sobreseimiento de la causa sobre varios de los procesados. En este sentido, han asegurado que "no puede estar mal el exceso de práctica de prueba".
No obstante, hasta el momento no se ha obtenido respuesta a los recursos planteados por las defensas, que deberán ser remitido al resto de las partes para que se pronuncien sobre la pertinencia o no de los mismo. Pese a esto, el caso no tiene por qué verse paralizado, ya que los recursos podrían resolverse con posterioridad, según han apuntado algunos de los representantes de los implicados.
Cabe recordar que el juez que ha instruido el caso, que posteriormente ha quedado a cargo de una nueva titular en el Juzgado de Instrucción número 6 de Almería según adelanta 'La voz de Almería', observa "indicios racionales" para apreciar la existencia de presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento público, tráfico de influencias y prevaricación.
Así, sitúa en el centro de la supuesta trama a Pérez Montoya y a la exsecretaria delegada del Patronato de Turismo María Teresa González, así como a los dos responsables de la agencia de viajes Leitour y el empresario Joaquín Conde, a quienes atribuye "un plan" que se habría trazado en presencia del presidente del club Unicaja Voley, Ramón Sedeño, el tesorero del club, Guillermo Carmona, y el gerente, Antonio Jesús González.
Según este supuesto "plan", la agencia regentada por los imputados Francisco Javier Guerrero y Arístides Javier Martos "facturó y cobró sin justificación aparente alguna 281.083,82 euros" entre los años 2009 y 2011, de los que un total de "179.562 euros" se habrían "entregado por los administradores a Joaquín Conde".
Señala que esta práctica se habría iniciado tras "acordar" Pérez Montoya y "dar instrucciones" para que una deuda de 23.000 euros que Club Unicaja Voley había contraído con Leitour Viajes se abonase desde el Patronato y se habría fraguado en una reunión con presencia de Sedeño y de Conde.
Considera el juez que para su ejecución resultó "imprescindible" la colaboración de María Teresa González, quien, junto a Pérez Montoya y "a fin de dar apariencia de legalidad al pago", habría indicado a Guerrero y a Martos "que debían presentar en dicho organismo facturas por conceptos no reales". "Así lo hicieron y conforme a este plan, la secretaria fue posteriormente dando su conforme a las facturas que remitía la agencia, que no se limitaron a cubrir la deuda del club deportivo sino que arrojaron un montante muy superior", según sostiene.
