Ve en las acusaciones de algunos testigos un "trasfondo político"
ALMERÍA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
El exalcalde de Cantoria (Almería) Pedro Llamas ha negado este viernes ante el juez que instruye la causa en la que se le imputa por no estar cumpliendo presuntamente la pena de inhabilitación para cargo público a la que ha sido condenado que siga "dando órdenes" a los funcionarios municipales o "sentándose en el sillón para recibir a vecinos en el despacho de Alcaldía" y ha asegurado que las acusaciones de algunos testigos tienen un "trasfondo político".
Llamas, quien renunció a su acta de concejal el 3 de octubre después de que el Tribunal Supremo (TS) confirmase que había cometido delitos de falsedad documental y omisión del deber de perseguir delitos, ha explicado que "sí que recibe muchas llamadas" del actual primer edil, Gaspar Masegosa (PP), "porque después de 12 años en el cargo, el hilo de muchos expedientes los he llevado yo personalmente y el actual alcalde era hasta ahora un concejal no liberado".
Fuentes jurídicas han indicado a Europa Press que el exalcalde, contra el que formuló denuncia la Fiscalía tras una previa del grupo municipal del PSOE en Cantoria, ha trasladado al titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Huércal-Overa que "de ningún modo ha estado ejerciendo" de regidor "en la sombra" y ha insistido en que "en todo caso se le ha podido consultar".
Llamas ha trasladado en sede judicial, donde ha declarado como imputado por presuntos delitos de usurpación de funciones públicas y quebrantamiento de condena, que los "dos únicos testigos" que señalan "haberme oído dar órdenes" están "vinculados a sus adversarios políticos" y ha asegurado que uno de ellos "es exconcejal socialista". Al tiempo, ha afirmado que "todo se reduce a una cuestión de trasfondo político".
En el marco de las diligencias previas, el juez ha tomado declaración, asimismo, en calidad de testigos a cuatro ediles del grupo municipal del PSOE, quienes han ratificado en todos sus extremos la denuncia que elevaron ante la Fiscalía Provincial en la que pedían la adopción de "medidas oportunas y procedentes" ante lo que calificaban de una "burla" de Llamas "a la justicia y a los vecinos del municipio".
El citado escrito relataba algunos episodios que para los socialistas evidenciaba que el exregidor "sigue estando en el Ayuntamiento ejerciendo como alcalde y actuando como antes de que se ejecutara la sentencia" condenatoria que fue dictada por la Audiencia Provincial y ratificada por el Tribunal Supremo (TS).
Así, detallaba que la forma de actuar "en su día a día" desde que renunció a su acta de concejal en un pleno que se celebró el 3 de octubre es "presentarse a las 08,00 horas" en el almacén municipal, "donde los trabajadores se reúnen para que los encargados les distribuyan por las distintas obras que se están realizando".
En ese momento, según relataba, "Llamas llama desde su coche sin bajarse del mismo a los encargados e, incluso, a algún trabajador y les indica lo que hay que hacer. Da instrucciones oportunas, sin pudor alguno, poniendo en un compromiso y en una situación muy desagradable a empleados municipales".
En el escrito, el grupo municipal del PSOE indicaba, asimismo, que, una vez que "da las instrucciones", se suele dirigir a las oficinas del Consistorio, "abrir con su llave el despacho de la Alcaldía y sentarse en la mesa para departir con los vecinos, y con los empleados de oficinas". "Mucha gente de la calle incluso cree que no ha dejado de ser alcalde", remarcaba.
TESTIFICALES DE FUNCIONARIOS
La Fiscalía Provincial encargó entonces a la Policía Judicial de la Guardia Civil que iniciase una investigación para determinar la veracidad de los hechos descritos en la denuncia y elaborase un atestado que, a la postre, ha dado lugar a la denuncia penal.
En concreto, los agentes procedieron, entre otras actuaciones, a tomar testimonio a los funcionarios y el personal laboral del Ayuntamiento. Cinco de estos funcionarios han depuesto también ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Huércal-Overa.
Tras confirmar el Supremo en junio el fallo dictado en 2012 por la Audiencia Provincial, Llamas renunció a la Alcaldía aunque mantuvo su acta de concejal para asumir como liberado la Concejalía Delegada del Área de Presidencia, Obras y Servicios, Agricultura y Pedanías por la que percibía una retribución mensual bruta de 3.568,40 euros, lo que suponía el salario anual de 49.957,60 euros que cobraba como regidor.
Argumentó entonces estar a la espera de la resolución sobre un incidente de nulidad que el Tribunal Supremo rechazó en septiembre, lo que le obligó a renunciar también a su acta de concejal.
Llamas está condenado a dos años de cárcel y 23 meses de inhabilitación para empleo o cargo público por faltar a la verdad en un escrito "con sello oficial" del Ayuntamiento remitido a la Policía Autonómica, en el que negaba haber dado autorización para el suministro de luz y agua a una promoción de cuatro viviendas construidas en no urbanizable y por no denunciar estas edificaciones ni incoar ningún expediente sancionador ni de restauración de la legalidad.
