ALMERÍA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
La familia desahuciada de una vivienda pública de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) en Almería ha entregado las llaves al operativo policial que se ha personado en el inmueble para ejecutar el lanzamiento, pero estudia interponer una demanda por responsabilidad responsabilidad patrimonial contra la Junta por "hacer caso omiso" a las recomendaciones tanto del Defensor del Pueblo andaluz como del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), vinculado a Naciones Unidas.
Ambos organismos solicitaron en sendas resoluciones a AVRA que se suspendiese el desahucio hasta que se encontrase una alternativa habitacional o se resolviese el expediente internacional incoado para determinar si la actuación supone una vulneración de derechos fundamentales.
La familia decidió el martes, y ante la inminencia del lanzamiento que ha sido "imposible" paralizar, recoger sus pertenencias del que ha sido su hogar en los últimos cinco años y entregar voluntariamente las llaves "con el fin de evitar incidentes "tumultuarios" o "situaciones violentas".
"Han entregado las llaves sin mostrar oposición en un dispositivo policial que nos ha parecido desproporcionado ya que informamos en la tarde de ayer a AVRA de que se estaba desalojando la casa y se iba a hacer entrega de la misma", ha trasladado en declaraciones a Europa Press el letrado de la familia, Enrique Ruiz.
Ruiz ha lamentado cómo se ha resuelto la situación "sin que la administración haya cumplido las recomendaciones de los organismos internacionales" y ha avisado de que la familia no dispone "a día de hoy de una alternativa habitacional estable", por lo que, como solución provisional, "han sido acogidos en domicilios de vecinos de la zona".
Al hilo de esto, ha indicado que estudian ejercer acción de responsabilidad patrimonial contra la Junta andaluza "por posibles daños morales debido a un mal funcionamiento de la administración" a una familia "a la que se ha dejado en una total indefensión" y ha recordado que el DESC aún debe determinar, aunque no se haya seguido la medida cautelar que pidió, "si se han vulnerado derechos fundamentales en este caso".
"Hacemos un llamamiento parea que AVRA y los servicios sociales del Ayuntamiento se coordinen y se cumplan así las recomendaciones de los organismos internacionales, que aquí no se han seguido", ha señalado.
Ruiz ha añadido que espera que el caso "haya servido para que, en futuros desahucios, se aplique un protocolo de actuación que permita determinar con antelación suficiente si existe una situación de riesgo social, se de una alternativa habitacional y se eviten situación tan incomodas y lamentables en el siglo XXI".
El DESC, ente encargado de hacer cumplir el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en vigor en España desde 2013, dio curso al caso de esta familia y plazo de dos meses al Estado para "presentar sus observaciones" al tiempo que precisó que ese plazo no afectaba las "medidas cautelares" solicitadas para la suspensión, "cuya implementación es inmediata".
Por su parte, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz urgía a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Almería a coordinarse para suspender el desalojo hasta encontrar una alternativa habitacional.
El lanzamiento de esta mujer con cinco hijos, dos de ellos menores de edad, y orden de alejamiento del progenitor en virtud de una sentencia firma por violencia de género, fue autorizada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo 2 de Almería a petición de la agencia pública. Residían en esta vivienda "sin título habilitante" desde hacía cinco años.
El Defensor del Pueblo andaluz señaló que las administraciones debían dar "inmediato y debido cumplimiento" a la normativa que da amparo a esta familia y "garantizar" que no se produce el desalojo hasta encontrar "alternativa habitacional", al tiempo que remarcó que en un informe de la Delegación de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento capitalino se valoró que esta familia encontraba en "situación de vulnerabilidad".
Los servicios sociales municipales también constataron que el padre "no reside" en esta vivienda "tras haberle sido impuesta una orden de alejamiento de su cónyuge" y que la situación económica de los seis miembros de la familia es "precaria". Añadían que residían en la vivienda de AVRA desde hacía cinco años tras haber abonado 8.000 euros a la adjudicataria "en una supuesta compraventa de la vivienda mediante contrato privado".
En la detallada resolución, que emplazaba a las administraciones implicadas a informar en el plazo de un mes sobre si han dado respuesta a su requerimiento, el Defensor del Pueblo Andaluz concluyó que en el caso de esta familia es de aplicación el real decreto de medidas urgentes de diciembre de 2020 que establece la posibilidad de suspender durante el estado de alarma un procedimiento de desahucio y lanzamiento de personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional.
Reprochaba, asimismo, al Ayuntamiento que, aún teniendo constancia de ese "riesgo social", no se hubiese coordinado con AVRA de manera que el lanzamiento no se produjese hasta que se pudiera ofrecer esa alternativa habitacional o para dar la posibilidad de "excepcionar el régimen ordinario de adjudicación de vivienda protegida a través del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida".
La resolución de la oficina que dirige Jesús Maeztu daba respuesta a la queja presentada por el abogado de los perjudicados, quien, tras recibir en mayo de 2019 la comunicación del inicio de expediente de desahucio administrativo por ocupación en precario, presentó alegaciones ante AVRA pidiendo la suspensión provisional y la regularización de la situación mediante la firma de un contrato de alquiler social "sin obtener ninguna respuesta".
