Funcionarios aseguran que la reforma de la Ley del Poder Judicial redundará en "más trabajo" y "de peor calidad"

Funcionarios aseguran que la reforma de la Ley del Poder Judicial redundará en "más trabajo" y "de peor calidad"
7 de noviembre de 2018 EUROPA PRESS

ALMERÍA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

En torno a un centenar de funcionarios de la Administración de Justicia se han concentrado este miércoles en contra de la reforma de la ley orgánica del poder judicial (LOPJ), ya que, según han señalado, su entrada en vigor conllevaría limitaciones a los incrementos de plantilla en aquellos juzgados que contaran con el refuerzo de un titular, lo que desembocaría en "más trabajo" pero de "peor calidad".

A las puertas de la Ciudad de la Justicia de Almería durante el primer acto celebrado en Andalucía como antesala a la huelga convocada el próximo 16 de diciembre, los representantes de CSIF, STAJ, CCOO y UGT han rechazado la modificación del artículo 521 de la ley orgánica que afectaría a la elección de destino al persona funcionario al pasar de la elección de puesto a tener como destino todo un municipio.

Así, el representante de CSIF, Antonio Salvador, ha indicado que este cambio va a "coartar" la posibilidad de concursar por una plaza en concreto al tiempo que abre la posibilidad a la Administración de poder "traslada cuando quiera" a un funcionario "sin tener ningún tipo de decisión" en el proceso. "Es un atentado contra nuestras condiciones laborales", ha apostillado.

Igualmente, se han quejado de que la reforma evitaría poder contar con interinos de manera indefinida, puesto que sería cesados "en el plazo máximo de seis meses", y pondría un "grave riesgo para los trabajadores". "Atenta al servicio público y a la creación de empleo", ha añadido Juan Francisco García de CCOO, quien ha indicado que ante un eventual incremento de carga laboral en el juzgado, los asuntos deberán atenderse "con el mismo personal" existente, toda vez que no se nombrarían interinos con la designación de jueces de refuerzo.

Los sindicatos, que han tildado de "éxito" esta primera concentración, prevén que la reforma conllevaría un "deterioro" del servicio que en Almería realizan unas 700 personas. "Si en la nefasta sentencia del Tribunal Supremo sobre quien debe paga el impuesto de actos jurídicos documentados hubiese dicho que corresponde a los bancos, eso hubiese supuesto un aluvión de demandas judiciales, que se tendrían que atender con los ya escasos recursos humanos con que cuentan los juzgados", ha puesto como ejemplo.

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