ALMERÍA, 9 May. (EUROPA PRESS) -
Los imputados que han prestado este viernes declaración en relación al presunto desvío de 400.000 euros de dinero público mediante la emisión de "facturas ficticias" con cargo al Patronato de Turismo han rechazado haber sufragado gastos de carácter privado con este método y han subrayado que "podrán demostrar" no estar implicados en la supuesta contabilidad "irregular" que habría facilitado el desfalco entre los años 2009 y 2011.
Así lo han indicado a Europa Press fuentes del caso al término de la jornada en la que han pasado por el despacho del magistrado instructor Luis Durbán, entre otros, el exvicepresidente de la Diputación, el socialista Luis Pérez, su esposa, la exsecretaria delegada María Teresa González, el exgerente Francisco Iglesias, el empresario Joaquín Conde y el administrador y el director de la agencia Leitour Viajes, Francisco Javier Guerrero y Arístides Javier Martos.
Cabe recordar que Pérez Montoya fue denunciado por Fiscalía, al igual que González, Iglesias y Guerrero, por, según recogía, realizar "un viaje privado a Edimburgo (Escocia) en 2010 junto al gerente y otras personas que habría sido sufragado" por la institución. Las "facturas ficticias" estaban "conformadas y firmadas" por la exsecretaria.
El último informe policial incorporado a la causa en noviembre de 2013 tras el análisis de 99 nuevas facturas aportadas por la Diputación y la documentación intervenida en la agencia Leitour, apunta a que aparece en las facturas de un viaje a México junto a González y el expresidente de la Diputación, Juan Carlos Usero --citado como testigo--, así como en otro viaje a Madrid.
La investigación sitúa también en la presunta trama a la exsecretaria delegada del ente María Teresa González, quien figura en más de una decena de facturas bajo sospecha por viajes por España y a capitales como Londres o Nueva York por importes que van desde los 6.000 euros hasta los 110 euros.
TRANSFERENCIA DE 37.147,36 EUROS
La Policía Judicial las encuadra, como otras, en una transferencia efectuada en septiembre de 2010, cuya alusión "aparece grapada en multitud de carpetas de expedientes", que refleja, según dice, "de forma clara" que los 37.147,36 euros abonados por el Patronato a Leitour "se corresponden realmente con la suma de los importes de los expedientes analizados y no con las 7 facturas que se emitieron para cobrarlo".
Estas siete facturas, en el germen de la denuncia interpuesta por el actual equipo de gobierno de la Diputación, recogen traslados a distintos lugares como París, Moscú, Berlín, Londres, Tenerife o Edimburgo con "nombres que supuestamente habrían sido traspasados de unas facturas a otras en diferentes periodos".
"Puede deducirse la falsedad de las facturas que integrarían el abono de la transferencia realizada como pone de manifiesto la documentación intervenida que refleja realmente los viajes que habrían provocado los gastos generados, por lo que se puede concluir que se habrían abonado con fondos públicos servicios que tendrían su origen en viajes de naturaleza privada realizados por personas cercanas al PPTA".
El juez ha interpelado al empresario Joaquín Conde sobre la presencia de documentación de su mercantil 'Publifiestas Conde' en el interior de varios expedientes intervenidos en la sede de Leitour Viajes y sobre la que el informe de la Policía Judicial concluye que "desconoce la relación que la pudiese justificar".
La alusión a esta empresa es "más frecuente" en los expedientes relativos a los viajes de la Peña Regiones, de carácter deportivo, y sobre los que también tuvo que dar explicaciones como imputado el socialista José Andrés Soler, quien afirmó ante el juez desconocer porqué esos gastos eran después facturados al Patronato de Turismo.
"FACTURACIÓN FICTICIA POR DOS VÍAS"
El informe remitido al Juzgado de Instrucción número 6 en marzo de 2013 detalla que la presunta facturación ficticia se habría realizado, por una parte, mediante la "creación" de facturas por "conceptos totalmente inexistentes y basados en motivaciones de pago hasta ahora desconocidos".
Por otra parte, podría haberse llevado a cabo a través de facturas "igualmente irreales, creadas para sufragar gastos originados por personas cercanas al Patronato, que supuestamente se habría beneficiado de esos viajes que nada tendrían que ver con su actividad y que, por tanto, serían de carácter privado y sufragados con fondos públicos".
Esta documentación revela, asimismo, que existe un desfase entre las 99 facturas supuestamente irregulares detectadas en 2009, por un montante de 250.156,21 euros y los expedientes localizados en la citada agencia por una cifra de facturación de 33.025,09 euros.
También lo detecta en el ejercicio 2010, donde señala que de las facturas localizadas de entre esas 99 "puede concluirse un importe de 133.817,70 euros, localizando sin embargo en el registro policial expedientes de ese año por valor únicamente de 49.865 euros.
La Policía Judicial concluye, asimismo, a partir del análisis de la documentación que aportó la Diputación Provincial que existen 28 facturas donde figuran nombres de trabajadores del Patronato que no habrían realizado los viajes reflejados en las mismas "supuestamente irregulares", lo que queda reflejado, según remarca, en que no hay soportes documentales que las justifiquen.
Alude a la declaración que en su día hizo el administrador de Leitour, Francisco Javier Guerrero, quien dijo que los conceptos no se correspondían con la realidad porque era el Patronato el que determinaba el concepto". "Esto, unido a que el control de presencia en la institución con huella dactilar muestran que ninguna de las personas ha realizado realmente los viajes, evidencia la irregularidad".
El informe señala por último 63 facturas que podrían haberse realizado siguiendo el patrón de "traspasar grupos de nombres de unas a otras".
"Podría pensarse que se ha realizado un trabajo contable únicamente para conocer los gastos en principio no justificados que originaban los viajes realizados por las personas descritas en el informe, para posteriormente facturar junto con gastos reales y justificados, emitiendo documentos de pago que recogerían la suma de los importes, por lo que evidentemente se reflejan conceptos irreales o simulados, creados únicamente para la emisión de esas facturas", subraya.
NUEVAS TESTIFICALES
La de este viernes ha sido la última jornada de las cuatro de declaraciones ordenadas por el magistrado Luis Durbán en un auto en el que citaba a declarar a 41 testigos y a 19 imputados aunque la primera jornada, en la que debían declarar en calidad de testigos el expresidente de la Diputación, el socialista Juan Carlos Usero y la diputada provincial del PSOE Caridad Herrerías, se aplazó por "necesidades de orden interno de organización y gestión del juzgado" a los días 16 y 23 de mayo.
El actual equipo de gobierno de la Diputación (PP) remitió en enero de 2013 a la Fiscalía un expediente en el que se incluían facturas por un valor de 44.500 euros abonadas por el Patronato de Turismo y correspondientes a distintos viajes en los que, según los primeros datos, o bien "no viajó nadie" o "bien se contrataron bajo el nombre de trabajadores del patronato que no los realizaron". Con posterioridad a esta denuncia, desde la Diputación de Almería se remitieron al juzgado otras 99 facturas por valor de cerca de 400.000 euros y sobre viajes supuestamente realizados durante las mismas fechas.
