ALMERÍA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
El juez instructor del caso 'Poniente' ha recibido este jueves los informes definitivos de la Agencia Tributaria sobre la presunta trama de corrupción política y empresarial que se habría servido de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur) para detraer supuestamente de las arcas del Ayuntamiento de El Ejido (Almería) alrededor de 93,3 millones de euros mediante subcontrataciones en su mayoría "irregulares" entre los años 2002 y 2007.
Las periciales entregadas al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, el magistrado Jesús Miguel Hernández, suponen el impulso definitivo para poder cerrar la instrucción e iniciar la fase intermedia en una causa que explotó el 20 de octubre de 2009 con la intervención por parte de la Policía Nacional del Consistorio ejidense y la detención de 20 personas, entre ellas el exalcalde Juan Enciso (PAL) y el exinterventor municipal José Alemán.
Los ocho informes de avance y conclusiones provisionales emitidos por la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada dividen la presunta trama en seis clanes y el Grupo Abengoa y apunta que supuestamente obtuvieron obtuvieron unos "superbeneficios no justificados" de Elsur a través de las subcontratas con "precios inflados" y una "sobrefacturación".
Fuentes del caso han indicado a Europa Press que las periciales de las que la AEAT ha dado traslado este jueves al juez instructor ahondan en "cuánto de más habría sobrefacturado" cada uno de los "grupos investigados" y, sobre todo, en "quién se llevó el dinero público, cómo y dónde está". Cabe recordar que las diligencias previas investigan la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental.
Los funcionarios de Inspección financiera con sede en Almería han analizado un 'terabyte' de información en soporte digital y 200.000 folios de documentación intervenida durante la operación policial. La digitalización de este papel concluyó en julio de 2012. Además de la documentación en soporte papel, se tuvo que analizar por parte del equipo de auxilio judicial de la AEAT toda la información contenida en los soportes informáticos incautados, casi 1,7 millones de archivos repartidos en 78 soportes informáticos diferentes.
CONCLUSIONES PROVISIONALES
Los informes de avance y conclusiones provisionales contenidos en el sumario de la causa indicaban que la cuantía "más importante" de pagos recibidos corresponde a las seis sociedades que integran el denominado 'Grupo Amate', que encabeza el empresario sevillano José Amate, director económico de Elsur y señalado como "individuo aglutinador" en torno a quien se gestó un "grupo criminal perfectamente estructurado".
Aseguraban que la "finalidad" presunta era "retraer dinero proveniente" del Ayuntamiento "sirviéndose" de la empresa municipal y articulando "una serie de artificios para encubrir el verdadero origen de los fondos e integrar dicho flujo monetario en su entorno familiar".
Sostenían que el "desvío patrimonial" desde las arcas municipales a Elsur y de ésta, vía canon, tras que experimentar un supuesto incremento exponencial de 16,7 millones a 36,5 millones de euros entre 2002 y 2007, a las subcontratas implicadas en la trama, se hizo con una "facturación innecesaria" y usando métodos para "ennegrecer una gran cantidad de dinero y ocultarlo".
Los informes analizaban también el denominado 'Grupo Galán", también principal en la presunta trama y vinculado al empresario Juan Antonio Galán, y apuntan de manera provisional que habría facturado de Elsur a través de sus empresas un total de 30,9 millones de euros "teniendo como principal fuente de facturación" el Ayuntamiento de El Ejido.
La AEAT hablaba también de un proceso de "despatrimonialización de Elsur" por parte de las empresas del Grupo Abengoa, concretamente tres, que facturaron 21,2 millones de euros a Elsur, en la que el grupo participa a un 70 por ciento pese a que, según resaltaban los técnicos, "no cobraba dividendos, a los que tendría derecho como titular del mencionado 70 por ciento del capital".
Otro de los informes incluido en las diligencias y ahora ampliado hacía constar que las sociedades vinculadas a la familia del alcalde ejidense percibieron presuntamente de las concesionarias pagos de 388.000 y 95.000 euros mientras que recogían que la sociedad de la que era administrador único el ex interventor municipal de El Ejido habría ingresado entre 2002 y 2007 al menos 4,8 millones de euros por supuestos servicios de asesoramiento de las empresas de los principales imputados en la presunta trama corrupta, que facturaban "importantes cantidades" al Ayuntamiento, vía directa, o indirectamente a través de Elsur.
