ALMERÍA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 2 de Vera (Almería) ha citado a declarar en calidad de imputado al alcalde de Carboneras, el independiente Salvador Hernández (Gicar), en el marco de la causa penal abierta al apreciar que se podría haber incurrido en un delito contra los derechos cívicos por denegar presuntamente información al PSOE.
El auto, consultado por Europa Press, señala la comparecencia en sede judicial de Hernández para el día 19 de enero mientras que el portavoz del grupo municipal socialista, José Luis Amérigo, deberá personarse el día 12 del mismo mes como perjudicado-denunciante.
La resolución judicial, de 20 de noviembre, llega después de que en junio el PSOE pusiera en conocimiento de la Fiscalía que el regidor "estaba negando de forma sistemática la información solicitada desde hace más de un año" con respecto, entre otros, a la "privatización de servicios como limpieza o jardines" y la adjudicación de obras.
El portavoz socialista, José Luis Amérigo, ha indicado en declaraciones a Europa Press que entre la documentación aportada en la denuncia elevada al Ministerio Público figura un escrito del secretario municipal que "certifica y da fe pública" de "toda la información que se ha pedido hasta cuatro o cinco veces ante el registro y a la que no se ha dado respuesta".
Amérigo, para quien esta "actitud" de Hernández hace "sospechar que puede ser la punta del iceberg de puntos en sus gestión presuntamente fraudulentos", ha hecho alusión a que se han requerido expedientes de privatización de servicios "en los que llama poderosamente la atención que se haga por más dinero de lo que realmente cuestan" o los expedientes de adjudicaciones de obras "a empresas que sabemos tienen relación con amigos o familiares directos de concejales".
"No tiene sentido tanta opacidad cuando el acceso a información por parte de la oposición está claramente regulada por ley si no es porque estamos ante la punta del iceberg", ha insistido el portavoz socialista, para quien la citada situación "está alarmando a los vecinos de Carboneras que comentan como se adjudican las obras y ven cómo el equipo de gobierno oculta información".
Al hilo de esto, y tras subrayar que las "sospechas son fundadas", ha hecho alusión, para ahondar en la acusación, a que la normativa fija en diez días el plazo para dar traslado a la oposición de las actas de junta de gobierno. "En Carboneras pasan cuatro o cinco semanas, incluso después de reclamarlas formalmente", ha concluido.
