ALMERÍA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Colegio de Abogados acoge este martes una mesa redonda con presencia de la Junta de Andalucía, partidos políticos y agentes sociales para abordar la situación actual de las viviendas fuera de ordenación en Andalucía y cómo afecta la modificación de la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía impulsada por la el Gobierno andaluz para su regularización.
El acto, organizado por este órgano colegial y por el Colegio de Arquitectos, ha generado una "gran expectación" entre los ciudadanos británicos residentes en Almería y afectados por esta problemática, que estarán representados mediante la Asociación Abusos Urbanísticos Almanzora-No (AUAN).
El asesor de la AUAN, Gerardo Vázquez, ha indicado que se trata de un hito ya que se trataría de la "primera vez que se juntan los tres partidos políticos con representación en el Parlamento andaluz" para abordar este conflicto y ha trasladado que se percibe "una voluntad de cambio".
Vázquez, quien ha trasladado que se van a analizar los cambios propuestos al decreto puesto en marcha hace dos años y "los adicionales que serán necesarios en un futuro", ha remarcado que existe la necesidad de "dar una salida a estas viviendas, no solo por razones de seguridad jurídica y los derechos de las personas que viven en ellas, sino por razones medioambientales también".
Al hilo de esto, ha señalado que el decreto de regularización aprobado hace dos años "ha tenido un éxito muy limitado" debido, "precisamente", al problema al que se quiere dar respuesta con el último cambio normativo y que pasa por la "dificultad de que se encuentran en un grupo de viviendas que han resultado de la división de terrenos, y que, según la Junta, siempre puede la Administración actuar contra ellas, incluso en mil años".
"Obviamente ello no es una solución lógica", ha apuntillado Vázquez, quien ha defendido que esta regulación "no choca con el punto de vista de los ecologistas" sino que, al revés, "palía la falta de control que existe en la actualidad sobre los residuos de dichas viviendas y reconocer estas viviendas permitiría a la Administración ejercer un mayor control sobre ellas y sus efectos en el medioambiente".
Ha advertido de que lo contrario sería destruir 300.000 viviendas, con lo que "se crearía un escándalo mayúsculo, y tampoco restauraría el medioambiente pues siempre se dejan escombros o los cimientos o la piscina".
"Aunque sea un paso muy importante, sólo es un paso inicial en un camino, pues aun quedaría trabajo para hacer", ha concluido Vázquez, quien ha adelantado que trasladará a la mesa la necesidad de un cambio en el Código Penal y la Ley de Suelo estatal "para tratar de proteger adquirentes de buena fe que han caído en la trampa al comprar estas casas".
