ALMERÍA, 12 May. (EUROPA PRESS) -
El tribunal de jurado que debe enjuiciar a los 15 procesados, entre ellos tres agentes de la Policía Nacional y un funcionario, por su implicación en una presunta trama que se dedicaba a "agilizar" a cambio de dinero la tramitación de documentos a extranjeros, arrancará el 15 de junio en la Audiencia Provincial de Almería casi diez años después de que fuera desarticulada.
El calendario para sustanciar el conocido como caso de la Oficina de Extranjería incluye 13 sesiones de juicio en la Sección Tercera hasta el 9 de julio, en el que está previsto que se concluya el trámite de informes. Para el día siguiente está fijada la entrega del objeto del veredicto al jurado.
El auto de hechos justiciables, consultado por Europa Press, recoge que, desde agosto de 2008 hasta finales de 2009, los acusados J.M.A.G., R.F.V. y M.F.D., de la asesoría 'R&M' pagaron supuestamente a varios funcionarios con la "finalidad de que les diesen las denominadas citas 'W' para los ciudadanos extranjeros a los que se expedía la tarjeta de residencia una vez concedida la autorización, siendo citas para muy pocos días".
Indica que los tres, "a cambio de contraprestaciones a los mismos funcionarios", conseguían la tarjeta de residencia "sin cita" y la expedición de los certificados de registro comunitario "sin la presencia del interesado, sin cita y sin certificado de empadronamiento, requisitos indispensables en este trámite".
El auto, dictado el pasado día 2, detalla que, estos tres acusados habría cobrado a los ciudadanos extranjeros "cantidades superiores a las normales, de entre 100 y 200 euros a cada uno, siendo parte de ese dinero --añade-- el que destinaban a pagar a los funcionarios para conseguir su propósito".
Los funcionarios procesados son el subinspector P.L.G., los policías nacionales A.C.H. y M.G.R., así como el funcionario J.V.C.C.
El primero de ellos supuestamente era el encargado de "facilitar" las citas para la expedición de la tarjeta de residencia y los certificados de registro comunitario, lo que hacía "sin cita, sin presencia del interesado y sin certificado de empadronamiento".
A.C.H. y M.G.R. están acusados de realizar el trámite de otorgar la tarjeta de residencia "sin cita" y de expedir los citados certificados "irregularmente" mientras que a J.V.C.C. se le atribuye supuestamente lo segundo.
El auto detalla que, por esto, habrían recibido de los responsables de la asesoría 1.050 euros en los meses de enero y febrero de 2009, y 998 euros en agosto de 2008, así como "una cantidad no determinada de los 2.860 euros que recibió la asesoría entre diciembre y marzo de 2009".
El tribunal de jurado enjuiciará una segunda trama en la que el socio de 'R&M' J.M.A.G, junto a "su primo" J.M.M.G y J.A.C.L. "captaban" al parecer a particulares y empresas que tenían "deudas" con la AEAT para obtener "certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias".
El auto indica que lo habrían hecho a cambio de unos 300 euros por certificado, certificados que emitía supuestamente J.M.C.P., funcionario de la sede de la Agencia Tributaria en El Ejido "a cambio de parte del dinero cobrado por los anteriores".
Entre los beneficiarios de estas conductas y también acusado estaría otro inspector del Cuerpo Nacional de Policía identificado como F.R.R "pese a que tenía deudas como particular en la AEAT de unos 10.000 euros".
La Fiscalía solicita para todos los procesados por la trama en Extranjería penas de cuatro años de prisión y ocho años de inhabilitación especial como presuntos autores de un delito continuado de cohecho mientras que a uno de los tres socios de 'R&M', J.M.A.G, le acusa, además, de un segundo delito continuado de cohecho en concurso medial con un delito, también continuado, de falsedad en documento mercantil.
Por esta segunda supuesta trama, con cinco implicados, interesa penas individuales de seis de años de cárcel. Además del inspector jefe de la Policía Nacional, están acusados como beneficiarios los empresarios L.R.C., J.M.G. y P.M.L.
HOJAS "ARRANCADAS" EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD
El escrito de acusación remarca que la contabilidad de la asesoría ejidense muestra que, en enero de 2009, ingresó 2.140 euros de los que "1.050 fueron destinados a los funcionarios"; que en febrero, se destinó idéntica cantidad de 1.750 euros ingresados y que, en agosto de 2008, la cuantía fue de 988 euros.
Añade que, en el caso de la expedición de certificados de registro comunitario, entre diciembre de 2008 y marzo de 2009, 'R&M' habría ingresado 2.860 "de la que, parte, fue destinada a los funcionarios" y subraya que es la cantidad mínima que consta habrían recibido "porque los libros de contabilidad de la asesoría tenía hojas arrancadas y, por tanto, no se ha podido contabilizar lo entregado en varios meses de los años 2008 y 2009".
"Los tres asesores y el intermediario hicieron todos los actos imprescindibles para que los funcionarios públicos quebrantasen los deberes propios de sus funciones con las gestiones irregulares que hacían a cambio de dinero", concluye.
Para los 15 acusados tras la investigación llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción 6 de la capital, la Fiscalía pide multas que oscilan entre los 12.000 y los 3.000 euros.
En la vista oral están citados a declarar en calidad de testigos 15 agentes de la Unidad de Asuntos Internos cuya investigación, iniciada en 2008 aunque explotó en abril de 2009, permitió destapar la presunta trama corrupta, así como cuatro ciudadanos extranjeros a los que les habrían cobrado por la agilización de estos trámites.
El interrogatorio de los procesados está previsto se prolongue los días 15, 18, 19, 20 y 21 de junio mientras que para las testificales hay fijadas cinco sesiones que darán paso a una corta pericial y a la documental.
