ALMERÍA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
La diputada nacional por el PP de Almería Carmen Navarro ha calificado de "esperanzadoras para miles de familias" las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros contra los desahucios "porque van a paralizar de forma urgente los de las familias más vulnerables, lo que refleja la voluntad del Gobierno del PP de resolver este grave problema" y ha contrapuesto la gestión del Ejecutivo de Rajoy frente a las de otros gobiernos.
"Mientras unos estamos trabajando para resolver los problemas de los ciudadanos, otros se dedican ahora incendiar las calles y antes miraban para otro lado cuando tuvieron responsabilidades de gobierno", ha destacado en una nota la dirigente 'popular', que ha estado acompañada por el también diputado Jesús Caicedo.
Navarro ha indicado que, según la Memoria del Consejo General del Poder Judicial, "en 2008 había en Almería 319 familias con hipotecas que se encontraban en la última fase del lanzamiento, es decir las diligencias practicadas por la comisión judicial en las que se obliga, por la fuerza, al desalojo, y al final de 2012 serán alrededor de 1.494 hipotecas las que se encuentren en esa situación, lo que supondría una media de cuatro actos de comunicación y ejecución del desahucio diarios".
Ante esta situación, el Gobierno "ha puesto en marcha medidas urgentes paralizando durante dos años los desalojos de los más necesitados y anunciando la creación de un fondo social de viviendas de alquiler a precios bajos destinado a las familias que ya han perdido sus casas".
Así, ha afirmado que el Gobierno continuará abordando reformas durante la tramitación parlamentaria, "buscando el diálogo con otros partidos". La diputada considera "lamentable que quienes no supieron o no quisieron dar solución a esta situación pretendan ahora convertirse en abandonados de la causa a base de demagogia".
En este sentido, se ha preguntado "dónde están las 300.000 viviendas VPO que la Junta, en su Plan Andaluz de Vivienda 2008-2012, se comprometía a construir para que los andaluces con ingresos por debajo de los 3.000 euros al mes pudieran acceder a una vivienda digna" o por qué la Empresa Pública del Suelo (EPSA) "no pone a disposición de las familias afectadas viviendas desocupadas de las 70.000 de las que dispone".
