ALMERÍA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma de Comerciantes, Industriales y Profesionales Afectados por la Extinción de la Renta Antigua en Andalucía se ha presentado este miércoles en Almería con el fin de solicitar "una moratoria" en la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, que afectaría a unos 700 negocios en la provincia, sobre todo pequeñas y medianas empresas familiares y con regentes y trabajadores de avanzada edad, según los cálculos de la plataforma.
"El objetivo de la iniciativa es impedir la destrucción masiva de empleo que impondría la entrada en vigor de la normativa, tanto en los centros históricos de las ciudades como en las zonas turísticas", según ha explicado Javier Gutiérrez Jerez, socio del despacho de abogados Martínez Echevarría, representante legal de la plataforma para salvaguardar el futuro de cientos de pymes y autónomos ubicados en localidades como Almería, El Ejido o Roquetas de Mar entre otras.
Según ha expuesto en una nota, en el año 1994, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) introdujo una moratoria de veinte años que acaba al final del mes de diciembre, y que tenía como objetivo la protección de los comercios tradicionales y su mantenimiento en el tiempo, atendiendo así, a la situación económica que el país sufría en esa época.
En la actualidad, "la situación económica que vivimos es bastante peor que la que llevó en 1994 a establecer la moratoria, por lo que se hace necesario que se vuelva a proceder a su aplazamiento, al estar suficientemente justificada, por la fuerte crisis sufrida y las inversiones realizadas", ha señalado.
Desde el Despacho de Abogados Martínez-Echevarría se ha constituido una Plataforma Nacional de Empresarios Afectados por la LAU, formada por multitud de entidades locales y provinciales, y que "está trabajando por una moratoria más necesaria que nunca para flexibilizar la planificación de aquellos empresarios que empezaron su negocio antes de la crisis económica, puedan recuperar inversión y hacer planes de futuro".
Los principales afectados con la entrada en vigor de la nueva normativa "son los pequeños comercios tradicionales, los que mantienen el empleo en el sector comercial y no las grandes superficies, que vienen demostrando una pérdida de empleo progresiva en los últimos años", según los datos recogidos por la plataforma.
La entrada en vigor de la nueva Ley supondrá "un aumento en el alquiler de estos locales que muchos de los actuales arrendatarios no podrán soportar, con el consiguiente cierre de estos establecimientos y la pérdida de muchos puestos de trabajo".
Desde el despacho de abogados se ha destacado además que la aplicación de nueva normativa supondría también una "grave transformación" de los actuales cascos antiguos de las ciudades, ya que su aplicación "no sólo obligaría al cierre de comercios tradicionales que llevaban décadas instalados en estas calles, sino que tendría un efecto negativo sobre el turismo, al verse afectada la identidad de estos espacios con la desaparición de este tipo de negocios".
