ALMERÍA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -
El PP de Almería ha indicado que el decreto-ley de medidas de inclusión social aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía "llega tarde, es insuficiente, resulta corto en su alcance y repite los mismo errores del año pasado" y ha censurado que su puesta en marcha "se retrase seis meses".
En rueda de prensa, la parlamentaria andaluza Rosario Soto ha considerado que esta demora "no se entiende" dadas "las necesidades que padecen muchas familias", lo que se traduce "en seis meses de abandono, a pesar de contar con partida presupuestaria". Para Soto este "retraso" es "intencionado" por parte de la Junta de Andalucía "porque no pretende gastarse el presupuesto consignado".
Junto a las también parlamentarias Aránzazu Martín y Rosalía Espinosa, ha detallado que la financiación de las medidas recogidas en este decreto, 64 millones para el presente ejercicio, supone "ocho menos que el año pasado", lo que, a su juicio, es un "ejemplo más del de la política de recortes que viene practicando la Junta de Andalucía en temas sociales, por encima de los 269 millones de euros en este ejercicio".
Ha calificado de "electoralista y populista, a la vez que insuficiente" el decreto y ha criticado que "obligue además" a los Ayuntamientos "a tener que articular todas las medidas al caso necesarias para desarrollar el decreto en un breve espacio de tiempo, con todas las dificultades que ello conlleva, como ya alertamos y pudimos comprobar con el anterior decreto del año pasado".
Soto ha reclamado la puesta en marcha de la renta básica "que los socialistas llevan prometiendo en Andalucía desde hace 20 años". "Se trata de un derecho subjetivo, reconocido en el Estatuto de Autonomía, que en sus años de oposición fue reclamado por IU y que, llegados al gobierno, han olvidado por completo", ha censurado al tiempo que ha reprochado "el retraso" en el pago del salario social, "que lleva sin abonarse en Almería desde noviembre de 2013, acumulando ocho meses de retraso, siendo además el de Andalucía el más pobre de toda España".
"ENGAÑO"
Al hilo de esto, ha advertido de que los tres pilares que sustentan este decreto supone "un engaño más hacia las familias y las personas con necesidades y a la sociedad andaluza en su conjunto" ya que, según ha remarcado, "los recortes también se incluyen en este decreto".
Por su parte, la parlamentaria Aránzazu Martín ha defendido que la mayor parte de las líneas que aborda el decreto "son tareas que vienen desarrollando los ayuntamientos" como ocurre con "las ayudas de emergencia, resolviendo la incapacidad y tapando las vergüenzas de la Junta de Andalucía como consecuencia de los recortes que viene aplicando en materia social", ha señalado.
En este sentido, ha explicado que, "a pesar de la escasa aportación que se hace en relación a las necesidades existentes, al retraso con el que llegan las ayudas y al esfuerzo que supone a la administración local tener tan poco margen de maniobra", el PP no dará "la espalda a este decreto porque no hay ni se ofrece otra cosa".
Finalmente, ha lamentado que el "bipartito andaluz, PSOE e IU, quiera vender como panacea unas medidas que son pan para hoy y hambre para mañana" y ha apuntado que la "única novedad reseñable" es "la obligatoriedad que la Junta impone de llevar su escudo sobre los uniformes de trabajo del personal contratado".
