ALMERÍA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -
La sede de la Junta en Almería ha acogido este martes el acto de firma de renovación de los convenios para el desarrollo del programa de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección, que atiende a más de 900 menores en la provincia.
La Junta destinará a este programa en la provincia un total de 1.129.112 euros para el desarrollo del programa, que complementarán tanto la Diputación Provincial como los seis municipios con más de 20.000 habitantes con fondos propios hasta superar los 1,5 millones de euros, según ha explicado el Gobierno andaluz en una nota.
El delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería, José María Martín, ha rubricado esta mañana los convenios junto a los representantes de la Diputación Provincial de Almería y de los ayuntamientos de Adra, Almería, El Ejido, Níjar, Roquetas de Mar y Vícar.
El programa de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección está impulsado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, en colaboración con las entidades locales. Ofrece respuesta a las necesidades de aquellas familias que presentan déficits para atender adecuadamente a las personas menores de edad a su cargo, pudiendo limitar gravemente el desarrollo de su personalidad y de su calidad de vida en el entorno.
Estos equipos de tratamiento familiar atienden en la actualidad a 901 menores y 449 familias, en el conjunto de la provincia de Almería. Todas y cada una de estas intervenciones llevan aparejadas la puesta en marcha de un Proyecto de Tratamiento Familiar, que tiene un carácter integral y trata de dar respuesta a todas las dificultades y carencias detectadas en cada una de las unidades de convivencia.
La provincia de Almería cuenta con 12 equipos de tratamiento familiar (ETF), de los cuales cinco son gestionados por la Diputación Provincial, con un ámbito de actuación en municipios de menos de 20.000 habitantes. Almería capital tiene otros dos equipos y los cinco restantes están ubicados en los municipios de Adra, El Ejido, Níjar, Roquetas de Mar y Vícar.
45 PROFESIONALES
Estos equipos son multidisciplinares y están formados por trabajadores sociales, psicólogos y educadores sociales, sumando un total de 38 profesionales, a los que se añaden siete coordinadores locales.
Martín ha destacado durante el acto de renovación de los convenios que "sin la importante labor técnica de estos Equipos, no se podría asegurar la normalización del funcionamiento familiar en aquellos casos en los que las disfunciones impiden el adecuado desarrollo y atención de los niños, niñas y jóvenes que tienen a su cargo".
Las familias susceptibles de tratamiento por parte de estos equipos especializados son derivadas tanto desde los Servicios Sociales Comunitarios, como desde el Servicio de Protección de Menores. En este caso, los Servicios Sociales Comunitarios intentan, en primer lugar, ofrecer una atención básica para reconducir las carencias de estas familias.
En caso de no producirse mejora, y siempre sobre la base de ciertos índices de recuperabilidad, realizan una derivación al Equipo de Tratamiento Familiar correspondiente, dando paso a este segundo nivel de intervención en el entorno, cuya finalidad es promover un funcionamiento autónomo e independiente de la familia.
El Servicio de Protección de Menores puede también realizar una derivación al equipo de tratamiento familiar correspondiente, con el objetivo de trabajar ciertos objetivos de convivencia saludable que permitan a un menor sobre el que se hayan tomado medidas protectoras, retornar a su familia de origen, siempre que se den las condiciones necesarias para ello.
El delegado ha recordado que "la Junta de Andalucía tiene un firme compromiso con la atención a las familias, en especial las que presentan mayores carencias y limitaciones para desenvolverse adecuadamente en la comunidad".
Martín ha señalado igualmente que "todas las administraciones públicas tenemos que continuar luchando para que las personas menores de edad puedan convivir con sus familias, con todo el apoyo profesional necesario, pues la retirada de un menor de su entorno familiar debería ser la última opción a tomar cuando todo lo demás ya ha fracasado, y como medida necesaria para preservar la integridad y la seguridad de estos menores".
