El auto asegura que la denuncia del primer edil (PSOE) contiene "meras hipótesis y conjeturas"
ALMERÍA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia de Almería ha confirmado el sobreseimiento y archivo de las diligencias incoadas a partir de la denuncia interpuesta en 2006 por el alcalde de Carboneras (Almería), Cristóbal Fernández (PSOE), en la que aseguraba que estaba siendo víctima de una presunta trama de extorsión para señalar al ex portavoz municipal del PP Antonio Hermosilla y al empresario catalán Antonio Martínez como cabecillas.
El auto, al que tuvo acceso Europa Press, confirma la decisión adoptada por el Juzgado de Instrucción número de Vera y coincide en que de lo practicado en la causa sólo se han obtenido "meras hipótesis y conjeturas" que, junto a los "confusos y contradictorios" testimonios de los implicados, impiden establecer con "la claridad exigible" si los hechos revisten carácter delictivo y, sobre todo, "quiénes serían los autores".
El tribunal desestima, así, el recurso de apelación en el que el regidor carbonero y el ex empleado de las mercantiles Petróleos Sur Oriente y Sitiblau, José Luis Marcos, de quien partió la acusación de la que derivó la denuncia, solicitaban que se continuará con las diligencias por presuntos delitos de extorsión, prevaricación, amenazas, y contra la intimidad después de que se rechazase investigar otro presunto delito de calumnias.
En el auto, se alude en concreto a un informe del servicio de información de la Guardia Civil del que no se desprende "con la fehaciencia que exige el proceso penal para su continuación" que existiera la comisión de tales delitos y "menos la autoría" de las dos personas contra las que se dirigía la denuncia, Hermosilla y Martínez.
Para el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Almería es imposible conocer tres años después si de verdad se pusieron micrófonos en el despacho de Fernández en la Casa Consistorial o en inmuebles propiedad de sus allegados o quién redactó los pasquines en los que se acusaba al primer edil de "recalificaciones de terrenos" y "pelotazos urbanísticos" ya que su distribución bajo precio en un comercio textil del municipio "no implica ningún delito".
INTENCIONALIDAD
Cuestiona en esta línea la intención de Fernández en persistir con el procedimiento y comparte la opinión expresada por el juez instructor en la que apuntaba a que el alcalde quería mantener abierta la causa "a toda costa como medio coactivo" a la vista de las disensiones con Hermosilla, entonces en activo como portavoz municipal del PP en Carboneras.
Con respecto al empresario catalán codenunciado señala que cuando se ejecutó la presunta trama del "grupo de presión" en 2006 éste ya se había disgregado ya que Martínez "abandonó su actividad en la localidad y concluyó sus negocios urbanísticos un año antes.
Cristóbal Fernández emprendió acciones judiciales después de que José Luis Marcos, ex trabajador de Sitiblau diese a conocer de manera pública que había sido un "hombre de paja" utilizado para presentar una demanda contra él y su equipo de Gobierno con el fin de "forzarle" a una recalificación de terrenos.
Fernández aseguró que habían sido "amenazados, chantajeados, extorsionados, perseguidos y acosados" después de que al empresario se le retirase la concesión administrativa para abrir un depósito logístico de combustible en el puerto de Carboneras al sospechar que había podido existir falsificación de documentos. Martínez habría exigido a cambio que se recalificasen 20 hectáreas de suelo rústico de su propiedad en el municipio mediante "maniobras de presión".
