ALMERÍA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente de la Junta andaluza y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha trasladado este viernes su convencimiento de que el Tribunal Constitucional (TC) dará la razón a las comunidades que han recurrido la reforma de la administración local y ha exigido al Gobierno que preside Mariano Rajoy que imponga una moratoria para evitar un "daño enorme a los intereses del municipalismo".
"Es de sentido común hacer una moratoria en tanto no se pronuncie el TC y así se lo exigimos al ministro Cristóbal Montoro", ha trasladado en declaraciones a los periodistas Valderas, para quien esta ley "abre un portillo claro a la privatización de los servicios públicos" y es un paso más en la "escalada enorme de ambición de este gobierno de derechas que preside Rajoy".
En este sentido, ha remarcado que el hecho de que la ley nazca sin una ley económica de acompañamiento "prácticamente está señalando el camino a la privatización" de los servicios públicos y ha subrayado que "pone en solfa" la capacidad para prestarlos por parte de los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes.
Valderas, quien ha clausurado en la UAL las jornadas 'La modernización del régimen local en España' organizadas por la Cátedra Rafael Escuredo y el Consejo Consultivo de Andalucía, ha advertido de que esta ley "nos pone en un encrucijada" ya que crea "un marco de incertidumbre enorme", a lo que hay que añadir, a su juicio, que es "insolvente" al no resolver las demandas históricas de la administración local.
"Ni soluciona la autonomía ni la suficiencia financiera fundamental para que los gobiernos cercanos a la ciudadanía puedan atender los problemas y además --ha insistido-- pone muy en peligro los servicios públicos".
Al hilo de esto, el vicepresidente andaluz ha alertado de que da vía libre a "un expediente de regulación de empleo que puede hacer mucho daño al empleo público" y ha hecho suyos los datos al respecto aportados por los sindicatos y la Cumbre Social que sostienen que "si no se hacen las cosas adecuadamente se pueden perder 40.000 puestos de trabajo en Andalucía y 200.000 en el conjunto del Estado.
"Esta sociedad no está para perder ningún empleo pero el Gobierno parece jugar el camino contrario favoreciendo un fuerte desajuste económico y financiero en la administración local frente al nuevo modelo que están reclamando el conjunto de los territorios", ha concluido.
