SAN MARTÍN DEL TESORILLO (CÁDIZ), 1 Ago. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha asegurado este jueves que "los ciudadanos van a estar perfectamente atendidos" en cuanto al gasto farmacéutico en Andalucía, aunque el Ministerio de Hacienda haya pedido "un análisis y saber cuáles son las medidas para el futuro" una vez que en los años 2017 y 2018 se superó la regla de gasto en este ámbito.
En declaraciones a los periodistas tras visitar las obras del Parque Eólico El Tesorillo, Bravo ha explicado que Hacienda ha remitido una carta a once comunidades, entre ellas Andalucía, donde apunta que "se ha superado la regla de gasto en cuanto a gasto farmacéutico y pide que hagamos un análisis y cuáles son las medidas para el futuro".
Ante esto, ha advertido de que "los que están en el Ministerio de Hacienda son los mismos que estaban en la Junta en esos años", por lo que "ellos algún avance tendrán de porqué se han desviado" del gasto farmacéutico.
No obstante, ha reconocido que está "para solucionar problemas" y este es "uno más de los que nos hemos encontrado", toda vez que ha asegurado que "el gasto farmacéutico, hospitalario o prótesis van a cubrirlo".
"Los ciudadanos van a estar perfectamente atendidos, pero evidentemente bajo el criterio de control, eficiencia en el gasto y ajustado con el presupuesto", ha subrayado.
Por último, ha precisado que el próximo 15 de septiembre remitirán un informe en este sentido para posteriormente celebrar una mesa sectorial y debatir este asunto.
Cabe recordar que Andalucía está adherida al instrumento de sostenibilidad del artículo 113 de la Ley General de Sanidad, que fija que la variación interanual del gasto farmacéutico, tanto hospitalario como en productos farmacéuticos y sanitarios por recetas médicas u orden de dispensación, y del gasto en productos sanitarios sin receta médica u orden de dispensación, "no podrá ser superior" a la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española, conocida como regla de gasto, que en 2018 se situó en el 2,4 por ciento y en el 2,7 por ciento en 2019.
Este mecanismo prevé que, cuando se supere el límite previsto, la comunidad autónoma "no podrá aprobar la cartera de servicios complementaria" y "no podrá prestar servicios distintos de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud". Además, se fija que su acceso al reparto de recursos económicos del Estado en materia de sanidad estará sujeto a informe favorable de Hacienda. Así, la autonomía deberá aplicar "medidas de mejora de la eficiencia y sostenibilidad".
