CÁDIZ, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Nacional de Empresas de Buceo Profesional (Anebp) ha informado de que, en caso de que el Ministerio de Fomento no les convoque con carácter urgente para actualizar y mejorar la normativa que regula la actividad, presentará una demanda contra la Administración por "dejación de funciones", sobre todo teniendo en cuenta que "no hay ningún sector en España que tenga una siniestralidad tan alarmante".
Así lo ha explicado a Europa Press el secretario general de Anebp, Daniel Macpherson, que explica que en esta acción van de la mano la patronal, los sindicatos y los trabajadores. Resalta que es el propio sector el que desde 2008 está solicitando "sin éxito" a la Administración "un endurecimiento de la normativa", al entender que redundaría en una disminución considerablemente los riesgos de la profesión.
Significa que sólo en el mes de julio de este año se produjeron tres accidentes laborales mortales en Canarias y en Motril (Granada) y hay "un cuarto en investigación", lo que consideran que es motivo "más que suficiente" para que Fomento hubiese atendido a su petición de una reunión "formal" para abordar esta cuestión.
Explica que la normativa que regula el buceo profesional --incluye las normas de seguridad para actividades subacuáticas que afectan al buceo profesional, al recreativo y la acuicultura-- data de 1997 y "nació obsoleta". Por ello, lo que patronal y sindicatos vienen reclamando desde hace años es que se modifique y se actualice para que tenga más proyección a nivel europeo.
CON TODOS LOS IMPLICADOS
Señala que en 2008 mantuvieron la primera reunión con Fomento en la que "se supone" que se constituyó una mesa de trabajo para emitir las nuevas normas de seguridad, pero quedó "en agua de borraja". El objetivo era que participaran en esta tarea "todos los organismos que tienen que velar por su cumplimiento", como son el Ministerio de Fomento a través de la Dirección General de la Marina Mercante, la Inspección de Trabajo y la Guardia Civil.
En este sentido, explica que es el Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) es el que verdaderamente tiene competencias cuando, por desgracia, se produce un accidente, ya que es "el único" cuerpo de seguridad con capacidad y medios para poder inspeccionar su medio de trabajo, que es el mar.
Desde 2008 ha habido cuatro reuniones, la última en junio de este año, que fue "una réplica de la del año anterior" y a la que "no dieron carácter oficial" por parte de la Administración, que la tildó de "informal". Por ello, el sector ha presentado por registro de entrada una propuesta de normas de seguridad basadas en los estándares europeos, a las que "ni siquiera han contestado".
PROPUESTAS
Las propuestas registradas pasan por la exigencia de prohibición del buceo autónomo por ser "el menos seguro", ya que es con botella y sin suministro en superficie. Explican que esta petición "no es por capricho", ya que "sólo en julio ha habido tres accidentes mortales con este tipo de equipos".
Por otra parte, proponen "depurar el aparato administrativo", ya que, por ejemplo, "la normativa atribuye a las comunidades autónomas unas obligaciones para las que no tienen competencias". Además, según los cálculos de la patronal, las empresas "pierden aproximadamente un mes de trabajo al año" con cuestiones administrativas. Algo que tildan de "sorprendente cuando se habla de ventanilla única o de abrir una empresa en un día".
Las propuestas también hacen referencia al uso de embarcaciones o al de cámara hiperbárica, que la normativa actual "recomienda" y que ellos entienden que debe ser "obligatoria" en determinadas circunstancias.
SIN DATOS OFICIALES DE SINIESTRALIDAD
Sostiene la Anebp que la siniestralidad en el sector es "alarmante" y "supera a la de cualquier otra actividad en España", si bien queda "totalmente difusa" debido, entre otras cuestiones, a que aún no se reconoce a los buzos profesionales como trabajadores del mar, una reivindicación "histórica" que la Seguridad Social "podría resolver este año".
Una de las consecuencias es que "no hay datos oficiales de siniestralidad", ya que las empresas pueden asignar a los buzos "un convenio de un sector diferente", de manera que la siniestralidad queda clasificada en otros sectores, como por ejemplo la construcción.
Tampoco hay "unificación de criterios" y es "muy difícil hacer seguimiento" de los accidentes laborales, de manera que "prácticamente nos enteramos sólo de los mortales". A ello, suman que "no hay formación suficiente" por parte de los encargados de investigar estos accidentes.
Según los datos que maneja la Anebp, hay "miles" de buzos titulados, pero en activo y con un trabajo "relativamente constante" hay "unos 200". La cifra se eleva a "entre 900 y 1.000 en los picos de máxima actividad en España".
Llama la atención que todos los años se produzcan accidentes mortales en una actividad que reúne a un número tan escaso de trabajadores. Según un informe del técnico superior en prevención de riesgos laborales Iván Ciudad, entre 1988 y 2012 hubo 66 accidentes en el ámbito del buceo profesional, de los cuales fueron mortales un 48,5 por ciento y el resto conllevó algún tipo de lesión incapacitante para el ejercicio de la profesión.
Destaca que en las dos últimas décadas se han producido "un mínimo de 32 muertes" en algún tipo de actividad subacuática y más del 60 por ciento de las víctimas utilizaba el sistema de buceo autónomo --tres de cada cuatro muertes--. Además, casi en el 90 por ciento de los casos de víctimas mortales no tenían ningún tipo de comunicación con la superficie.
Entre las causas de los accidentes mortales, se sitúan en primer lugar los atrapamientos, seguido de los ahogamientos y los accidentes de descompresión.
La patronal considera "indignante" que estén solicitando "un endurecimiento de la normativa" y que la Administración "haga oídos sordos". Explica Macpherson que la Anebp ha mantenido en las últimas fechas diferentes contactos con la Dirección General de la Marina Mercante, que les informa de que "se ha constituido una mesa" para estudiar las normas de seguridad, pero se ha hecho "sin contar con el sector", critica.
Por ello, reitera que plantearán una demanda contra la Administración si no les convoca "a la mayor brevedad" a una reunión con carácter "oficial" para articular las medidas necesarias para paliar esta situación.
