SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 25 May. (EUROPA PRESS) -
El candidato del PA a la Alcaldía de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Antonio Prats, confirmó hoy que el próximo 7 de junio el Tribunal Supremo acogerá la vista oral por el recurso de casación presentado por su partido a raíz del 'Caso Ramel' y a la cual "habrá que esperar para conocer la preceptiva sentencia", de forma que criticó que el coordinador de Campaña del PP sanluqueño, Rafael Rubio, le haya "inculpado e inhabilitado de antemano".
En concreto, Rubio instó hoy a los ciudadanos de Sanlúcar a no votar a Prats al tener dicha vista oral señalada en la sala segunda del Tribunal Supremo "para que lo inhabiliten políticamente" por el 'Caso Ramel'.
Por contra, el andalucista negó en un comunicado remitido a Europa Press que, de esta forma, "se haya puesto en entredicho" la posibilidad de que pueda presentarse a los próximos comicios municipales como alcaldable andalucista, ya que la Junta Electoral de Zona da su "rotunda conformidad" a su candidatura.
Así, acusó al PP de "mentir" y de "emplear cualquier maniobra política posible para dar al traste con sus más fuertes adversarios yensombrecer la magnífica campaña" realizada por los andalucistas, además de intentar "crear otra polémica semejante a la que se desarrolló con motivo del popular 'Caso Sanlúcar".
El 'Caso Ramel' data de marzo de 2001 tras una sesión plenaria en el Ayuntamiento de Sanlúcar convocada para intentar solucionar un conflicto laboral de la empresa Ramel de limpieza. El conflicto comenzó cuando el alcalde, el ahora fallecido Juan Rodríguez (PP), anunció a los ediles de la oposición, sindicalistas y trabajadores de la propia empresa que una comisión que estaba prevista constituir, acordada en el Pleno que se acababa de celebrar, no se haría hasta días más tardes.
Después el primer edil se encerró en su despacho junto a otra concejal del PP --ahora alcaldesa--, Laura Seco. Finalmente, allí estuvieron durante la madrugada, produciéndose altercados entre los ediles y la propia Policía Local, según consta en una denuncia en la que se acusaba al andalucista Antonio Prats de empujar y golpear a un agente. Finalmente, el primer edil salió por la mañana de su despacho escoltado por la Policía.
El alcalde denunció haber sufrido un secuestro por lo que las penas que se pedían penas de cárcel para algunos de los imputados en el conocido como 'Caso Ramel'.
En concreto, Prats fue acusado como autor de un delito de atentado contra agentes de la autoridad, por el que también fue condenado Manuel Ahumada, concejal de Sanluqueños Independientes cuando ocurrieron los hechos y también recurrente ante el Tribunal Supremo.
En cuanto al delito de coacciones, detención ilegal y desórdenes públicos, los siete imputados --seis ediles del Ayuntamiento sanluqueño y una sindicalista-- fueron absueltos. Igualmente, fueron absueltos Prats, Ahumada y Francisco Odero de los delitos de lesiones a la persona de Juan Rodríguez y a agentes de la Policía Local.
A juicio del andalucista, fue acusado "sólo y exclusivamente por defender los derechos de 90 trabajadoras de la empresa de limpieza Ramel que iban a ser despedidas por el interés de privatizar el servicio y contratar para su realización a una empresa marbellí".
Según explicó, lo que se dilucidará ante el Tribunal Supremo el próximo 7 de junio "es si existió o no" un forcejeo con un policía local, lo cual "nunca se llevó a cabo ni contra el agente de la autoridad ni contra la figura del desaparecido alcalde, Juan Rodríguez". De hecho, Prats sostiene que el PP "urdió una trampa para acabar con mi carrera política, hasta el punto de que el desaparecido primer edil no dudó en fingir una lesión, que como afirma la sentencia, quedó probada su inexistencia".
