Culpa a la Junta de la situación, critica sus "sensibilidades regionales" y anuncia posibles demandas contra barcos y medios
MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
La empresa Odyssey Marine Exploration, con base en Tampa (Florida) y propietaria del barco Odyssey Explorer, publicó esta tarde un comunicado, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que acepta trasladar el barco a otro punto del Mediterráneo occidental a la espera de que Reino Unido y Estados Unidos orienten a la compañía sobre cómo responder a la última nota verbal del Ministerio español de Asuntos Exteriores, en la que se pidió ayer el cese inmediato de actividades.
Pese a ello, la empresa norteamericana indica que ha completado la primera fase de su proyecto, que incluye "la recogida de muestras arqueológicas para identificar el lugar donde se cree que se encuentra el HMS Sussex", el navío británico que se hundió en 1694 en la bahía de Cádiz con un supuesto cargamento de oro.
Asimismo, Odyssey Marine Exploration advierte de que estudia acciones legales contra los barcos que han tratado de interferir en sus operaciones, así como contra aquellos medios de comunicación que han difundido "información falsa y engañosa" en los últimos días sobre este proyecto.
Una vez completadas las "operaciones de sondeo arqueológico y medioambiental", que incluyen la citada recogida de muestras, la empresa está redactando un informe sobre su labor en la zona durante las últimas semanas, "que está siendo finalizado" y que será remitido al Gobierno británico. En paralelo, "las pruebas arqueológicas obtenidas en el lugar están siendo sometidas a análisis de laboratorio para ayudar a corroborar la identidad del pecio", hace hincapié.
HABRIA UN SEGUNDO INFORME
En el caso de que los análisis confirmen la ubicación exacta del 'Sussex', "esta información será incorporada en un segundo informe (...) y sometido al Gobierno británico para su opinión y autorización". La empresa puntualiza que tras el visto bueno británico, el informe sería remitido al Gobierno español tal y como quedó establecido en la nota verbal inicial que publicó el Ministerio español de Asuntos Exteriores el 28 de julio de 2005.
A continuación, se hace eco de la decisión del Ejecutivo español de exigirle la suspensión inmediata de las actividades al no contar con un experto de la Junta de Andalucía a bordo durante todo el proceso de investigación. Odyssey Marine Exploration afirma que ha cumplido, "como siempre", con las apropiadas autorizaciones que necesita para trabajar en aguas internacionales y critica las "sensibilidades regionales" andaluzas, que "no son consistentes" con las discusiones diplomáticas que se llevaron a cabo inicialmente.
A su juicio, el problema surge de la Junta de Andalucía al no asignar un funcionario para esta misión, pese a que la empresa firmó unos acuerdos de cooperación con las autoridades españolas "hechos sin perjuicio de ninguna reclamación jurisdiccional relativa al estatus territorial de las aguas".
Por ello, la decisión comunicada ayer por el Departamento de Miguel Angel Moratinos "parece ser una contradicción" fruto, a su juicio, de la "contradicción resultante de la ambigüedad y posibles desinformaciones relacionadas con cuestiones jurídicas".
Con el fin de mantener la "cooperación" que hasta ahora ha tenido con el Gobierno español, la empresa estadounidense anuncia que está lista para "entregar de nuevo" el proyecto arqueológico al Ministerio de Moratinos a través de los cauces diplomáticos. "Además, se ha enviado de nuevo una invitación para tener un experto de (la Junta de) Andalucía en la expedición", se añade.
POSIBLES ACCIONES LEGALES
Entre tanto, Odyssey Marine Exploration indica que está estudiando emprender acciones legales contra los propietarios de los barcos que han "puesto en peligro" al barco y su propia tripulación, "violando numerosas reglas marítimas, negándose a dar la suficiente distancia operacional, negándose a responder a las llamadas de radio y adoptando claras violaciones de las convenciones internacionales marítimas".
En este sentido, asegura que evaluará el ir a las instancias judiciales pertinentes para "prevenir cualquier potencial interferencia" en las futuras actividades que realice en torno al 'Sussex'.
"Nos hemos sentido muy disgustados por el comportamiento poco profesional y peligroso que han adoptado algunos barcos locales durante el transcurso de nuestras operaciones", afirmó en el comunicado Greg Stemm, cofundador de la compañía. "Es inquietante ver la actitud de algunos capitanes sobre leyes del mar y seguridad, un asunto que nosotros nos tomamos con mucha seriedad", prosiguió.
Asimismo, la empresa amenaza con posibles acciones legales contra "medios de comunicación y sus fuentes que han promovido deliberadamente información falsa y engañosa". En concreto, menciona la inclusión de "falsas afirmaciones atribuidas a la gestión del Odyssey", la utilización de fotos que presentan supuestamente el lugar en el que reposa el 'Sussex' y el uso de "denuncias difamatorias" contra la empresa.
En último término, explica que la compañía ha decidido trasladar "temporalmente" el Odyssey Explorer "a otro proyecto en el Mediterráneo occidental" para empezar un "nuevo trabajo", en el marco del programa que tiene la prensa en marcha "para explorar otros naufragios de barcos a través del mundo". Sin embargo, el otro barco de investigación de la empresa --el 'RV Odyssey' estadounidense-- permanecerá en el puerto de Gibraltar "para continuar apoyando las operaciones en la zona".
