CÁDIZ, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz (CEC) presentó hoy un análisis de la situación de los sectores productivos y las posibles medidas de actuación ante la crisis económica en el que concluyó que hace falta más financiación, más crédito, más liquidez y menos trabas administrativas y menos presión fiscal.
En rueda de prensa, el presidente de la CEC, Miguel González Saucedo, mostró su preocupación por el cierre de empresas en la provincia el pasado año, que alcanzó la cifra de 4.500 empresas y señaló que "si la liquidez no llega la cifra de cierre de empresas para 2009 puede ser la misma".
Asimismo, tras conocerse los últimos datos del paro en la provincia, que sobrepasa los 140.000 desempleados, González Saucedo señaló que haría falta la creación de unas 25.000 empresas para solucionar el "problema" del desempleo. En este sentido, señaló que uno de las cosas en contra para ello es que "las inversiones tampoco están llegando", ya que las empresas tampoco cuentan con liquidez para poder instalarse.
Por su parte, el secretario general de la CEC, Javier Sánchez, señaló que como principales consecuencias de la actual situación económica en los sectores productivos se encuentra la aminoración del poder adquisitivo de los particulares por el encarecimiento del coste de la vida, las restricciones exhaustivas de la financiación ofrecida por las entidades de crédito tanto a particulares como a las pymes, la escasa liquidez en el mercado y la proliferación de la desconfianza, la disminución de ventas, el incremento de los costes estructurales y el menor margen de beneficios, lo que hace necesario adecuar los costes para evitar pérdidas con despidos como una de las medidas.
Así, como medidas para afrontar la situación, la CEC señaló la concesión de financiación por parte de entidades de crédito, la flexibilización de la financiación, la reducción de los tipos de interés, la reducción de la presión fiscal, reducción de la burocracia administrativa, mayores incentivos a las empresas, mayores controles y medidas para garantizar el pago por parte de los deudores y la necesidad de flexibilizar la normativa que regula las relaciones laborales.
